RECURRIR PLUSVALÍA MUNICIPAL CON BENEFICIOS

Mucho se está hablando sobre la posibilidad de recurrir la plusvalía municipal (IIVTNU) cuando se ha vendido un inmueble con pérdida, pero poco se habla sobre la posibilidad de hacerlo aún en aquellos casos de venta del inmueble a un precio superior al que se adquirir;

Como soy persona de opinar poco, os adjunto el contenido de un Recurso presentado hace pocos días, defendiendo mi tesis, espero que os resulte de utilidad;

AL EXCMO. AYUNTAMIENTO  DE __________________

DEPARTAMENTO/NEGOCIADO DEL IMPUESTO POR INCREMENTO DEL VALOR DE LOS TERRENOS DE

NATURALEZA URBANA

            D. Gustavo Adolfo Murillo González, abogado y economista, mayor de edad, con  domicilio profesional en Calle Nuestra Seňora de Gracia 4, 2º Marbella (Málaga), actuando en representación de la compañía mercantil ____________, S.L, con C.I.F ________, según acredito mediante escritura de poder  que se acompaña como DOCUMENTO 1, comparece, y como mejor proceda,  EXPONE:

    Que con fecha 10 de Noviembre de 2.017 le fue notificada a mi representada  liquidación en concepto de Impuesto por el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, conocido como Plusvalía Municipal, por un importe de ____________ euros; tal y como se acredita con el justificante que se acompaña como DOCUMENTO 2.

    Que considerando que dicha liquidación es contraria a derecho, y lesiva para los intereses de mi representada, interpongo dentro del plazo legal establecido,  RECURSO DE REPOSICIÓN que basamos y fundamentamos en las siguientes hechos y ALEGACIONES:

PRIMERO.- Que con fecha 14 de Noviembre de 2.017 mi representada pagó por transferencia la liquidación que le fue practicada por ese Ayuntamiento en concepto de Impuesto por el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, conocido como Plusvalía Municipal, por un importe de ______________ euros.

SEGUNDA.- Dicha liquidación deriva de la venta del inmueble sito en _______________- (Málaga) con referencia catastral ____________ formalizada a fecha ___ de ________ de 2.017, mediante escritura otorgada ante el Notario _______________ y por un importe de venta de ___________ euros; la cual se adjunta como DOCUMENTO 3.

TERCERO.- La Sentencia del Tribunal Constitucional de 11 de Mayo de 2017 ha acordado por unanimidad declarar la inconstitucionalidad y nulidad de los arts. 107.1, 107.2 a) y 110.4 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

Lo anterior debe ser complementado teniendo en consideración lo expuesto en las Sentencias del Tribunal Constitucional de 16 de Febrero de 2017 y  1 de Marzo de 2017, en el sentido de que artículos declarados nulos de pleno derecho no pueden ser aplicados en base a una “interpretación salvadora”, esto es:

“no es posible asumir la interpretación salvadora de la norma cuestionada que se propone porque, al haberse establecido un método objetivo de cuantificación del incremento de valor, la normativa reguladora no admite como posibilidad ni la eventual inexistencia de un incremento ni la posible presencia de un decremento (el incremento se genera, en todo caso, por la mera titularidad de un terreno de naturaleza urbana durante un período temporal dado, determinándose mediante la aplicación automática al valor catastral del suelo en el momento de la transmisión de los coeficientes previstos en el art. 4.3 NFG). Es más, tampoco permite, siquiera, la determinación de un incremento distinto del derivado de “la aplicación correcta de las normas reguladoras del impuesto” (…)Admitir lo contrario supondría reconstruir la norma en contra del evidente sentido que se le quiso dar y aceptar que se ha dejado al libre arbitrio del aplicador (a los entes locales, en vía de gestión, o a los órganos judiciales, en vía de revisión), tanto la determinación de los supuestos en los que nacería la obligación tributaria, como la elección, en cada caso concreto, del modo de llevar a cabo la determinación del eventual incremento o decremento, lo que chocaría, no sólo contra el principio de seguridad jurídica ( art. 9.3 CE ), sino contra el propio principio de reserva de ley que rige la materia tributaria ( arts. 31.3 y 133.1 y 2, ambos de la CE ).Debe señalarse que la forma de determinar la existencia o no de un incremento susceptible de ser sometido a tributación es algo que sólo corresponde al legislador, en su libertad de configuración normativa, a partir de la publicación de esta Sentencia, llevando a cabo las modificaciones o adaptaciones pertinentes en el régimen legal del impuesto que permitan arbitrar el modo de no someter a tributación las situaciones de inexistencia de incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana”

Más concretamente, el TC afirma:

” Una vez expulsados del ordenamiento jurídico, ex origine, los arts. 107.2 y 110.4 LHL, en los términos señalados, debe indicarse que la forma de determinar la existencia o no de un incremento susceptible de ser sometido a tributación es algo que solo corresponde al legislador, en su libertad de configuración normativa, a partir de la publicación de esta Sentencia, llevando a cabo las modificaciones o adaptaciones pertinentes en el régimen legal del impuesto que permitan arbitrar el modo de no someter a tributación las situaciones de inexistencia de incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana ( SSTC 26/2017, FJ 7 ; y 37/2017 , FJ 5).”

A la vista de lo resuelto por el Tribunal Constitucional, consideramos que la liquidación dictada por el Ayuntamiento de ____________ a mi representada debe ser anulada, en cuanto girada en aplicación de preceptos expulsados del ordenamiento jurídico ex origine, cuyo resultado no puede ser reexaminado a la vista del resultado de prueba pericial para la que se carece de parámetro legal (comparación de valores escriturados, comparación de valores catastrales, factores de actualización, aplicación de normas de otros impuestos..) en ejercicio o forma de actuación expresamente rechazado , pues implicaría continuar haciendo lo que expresamente el Tribunal Constitucional rechaza esto es “dejar al arbitrio del aplicador tanto la determinación de los supuestos en los que nacería la obligación tributaria como la elección del modo de llevar a cabo la determinación del eventual incremento o decremento”, determinación que el Constitucional insiste queda reservada al legislador, al que debe entenderse dirigida la aclaración del alcance o significado de la inconstitucionalidad declarada, no al aplicador del derecho, que con ello habría de quebrantar principios de seguridad jurídica y de reserva de ley en materia tributaria, que en definitiva han determinado la declaración de inconstitucionalidad

CUARTO.-  Los argumentos esgrimidos por esta parte, son igualmente compartidos por diversos tribunales:

— Juzgado de lo Contencioso-administrativo N°. 2 de Pontevedra, Sentencia 165/2017 de 23 Oct. 2017, Rec. 229/2017

— Sentencia de Tribunal de Superior de Justicia de Madrid 7443/2017  ECLI: ES:TSJM:2017:7443 de fecha 19 de Julio de 2.017.

— Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León de Burgos, Sala de lo Contencioso-administrativo, Sección 2ª, Sentencia 157/2017 de 22 Sep. 2017, Rec. 21/2017

— Juzgado de lo Contencioso-administrativo N°. 2 de Santander, Sentencia 208/2017 de 5 Sep. 2017, Rec. 101/2017

En virtud de todo lo expuesto, SUPLICO

Que se tenga por presentado en tiempo y forma el presente escrito, con los documentos que se acompañan, se admita, y se tenga por formulado el oportuno RECURSO DE REPOSICIÓN contra la citada liquidación por el Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza, y ordene sea declarada nula, dejándola sin efecto por ser contraria a derecho,  y previos los trámites legales oportunos, dicte una resolución por la que acuerde reintegrar a mi representada el importe correspondiente al Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, conocido como Plusvalía Municipal abonado de forma indebida, más con sus intereses de demora, y con cuánto más proceda en Derecho.

__________ a 01 de Diciembre de 2.017

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El último cartucho – argumento, contra una liquidación dictada en un procedimiento de inspección tributaria. Artículo 170 Real Decreto 1065/2007 (Duración Planes de inspección)

En muchas ocasiones he recibido la vista de un cliente, o de algún profesional, solicitándome asesoramiento – opinión – idea,  para plantear un recurso económico o contencioso administrativo, en una situación, referida a la liquidación dictada en un procedimiento de inspección, en la cual no encuentran una argumentación sólida para  “atacarla” frente a los tribunales.

La búsqueda de defectos formales o procedimentales, suele ser en muchas ocasiones la única vía existente en situaciones en las cuales existen grandes dificultades para encontrar la “llave”  con la cual abrir la cerradura.

En estas líneas voy a hablar de un “posible” argumento muy poco aplicado por la mayoría de profesionales que conozco, que podría ser utilizado fuera del procedimiento de inspección, esto es, ante lo tribunales, si se den los requisitos señalados en el precepto.

El artículo 170.4 del Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos, dice “ El plan o los planes parciales de inspección recogerán los programas de actuación, ámbitos prioritarios y directrices que sirvan para seleccionar a los obligados tributarios sobre los que deban iniciarse actuaciones inspectoras en el año de que se trate.”

Lo que dice ese precepto, según mi interpretación, y la de otros tribunales como por ejemplo la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional en Sentencia 3253/2016 de fecha 14 de julio de 2016. rec. 120/2014, ROJ: SAN 3253:2016, ECLI: ES:AN:2016:3253, es que la autorización para poder inspeccionar a un contribuyente (recogida en el plan) finaliza el 31 de diciembre del mismo año en el cuál se ha girado ese documento, es decir, que si ese documento (que obrará en el expediente administrativo) es de fecha 01 de Julio de 2017, la inspección a ese contribuyente debe iniciarse antes del 31 de diciembre de 2017, y si lo hace en 2018, pues podría declararse por un tribunal la improcedencia de esa liquidación por infracción de ese precepto.

La idea está ahí, sólo queda que el tribunal de instancia lo vea así también, pero ya sabemos cómo son los tribunales….

Valoración administrativa de bienes, vinculación a efectos tributarios

Esta Sentencia del Tribunal Supremo, para UNIFICACIÓN DE DOCTRINA, señala que la doctrina correcta es la de que la valoración previa de un bien realizada por una Administración tributaria vincula a todos los efectos a las demás Administraciones competentes, máxime si se trata de impuestos estatales, aunque el segundo esté cedido a las Comunidades Autónomas.

Se adjunta enlace con la copia íntegra de la consulta

http://www.fiscal-impuestos.com/sites/fiscal-impuestos.com/files/NFJ061286.pdf

Retirar dinero fondos aportados a través de la cuenta 1180000 (aportación socios)

Según establece la dirección general de tributos, cabe la posibilidad de que los socios recuperen las aportaciones efectuadas y recogidas en la cuenta 11800000 (Aportaciones de Socios y Propietarios), y que el tratamiento fiscal que debe dársele, es el de una distribución de la PRIMA DE EMISIÓN.

Se adjunta enlace con la copia íntegra de la consulta

http://www.aedaf.es/plataforma/baf/baf_2016_08_C_is-irpf-tratamiento-fiscal-.pdf

FISCALIDAD EN LA DISOLUCIÓN DE UN PROINDIVISO. EXCESO DE ADJUDICACIÓN.

Varios son los impuestos que hay que tener en consideración en supuestos habituales como la disolución de una comunidad de bienes, división de la cosa común y/o disolución de la sociedad de gananciales.

Se debe prestar especial atención en aquellos supuestos en los cuales se genera un exceso de adjudicación.

Supuesto de hecho:

 “Disolución de proindiviso de una vivienda, adjudicándose uno de los propietarios la titularidad del 50% del otro co-propietario a cambio de dinero”

 IRPF

Se puede producir un incremento patrimonial en el transmitente:

De acuerdo con el artículo 33.1 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio (BOE de 29 de noviembre), “son ganancias y pérdidas patrimoniales las variaciones en el valor del patrimonio del contribuyente que se pongan de manifiesto con ocasión de cualquier alteración en la composición de aquel, salvo que por esta Ley se califiquen como rendimientos.”

El apartado 2 del mismo precepto establece que “Se estimará que no existe alteración en la composición del patrimonio:

En los supuestos de división de la cosa común.

En la disolución de la sociedad de gananciales o en la extinción del régimen económico matrimonial de participación.

En la disolución de comunidades de bienes o en los casos de separación de comuneros.

Los supuestos a los que se refiere este apartado no podrán dar lugar, en ningún caso, a la actualización de los valores de los bienes o derechos recibidos.”

Con carácter general, el ejercicio de la acción de división de la cosa común (CC art. 400), no implica una alteración en la composición del patrimonio, ya que únicamente se especifica la participación indivisa que correspondía a cada uno de los copropietarios, y a efectos de futuras transmisiones, la fecha de adquisición no es la de la adjudicación de los bienes a los comuneros, sino la originaria de adquisición de los mismos, sin perjuicio de las especialidades previstas en la normativa del Impuesto en relación con los bienes afectos.

Ahora bien, para que opere lo previsto en ese precepto, es preciso que las adjudicaciones que se lleven a cabo al deshacerse la indivisión, se correspondan con la cuota de titularidad, ya que, en caso contrario, al producirse un exceso de adjudicación, se produciría una ganancia patrimonial.

Del mismo modo, se producirá una ganancia patrimonial si al hacer la división de un bien en común, se acuerda adjudicarlo a una de las partes compensado en metálico o en especie a la otra.

En el caso expuesto, supuesto bastante habitual, donde a una de las partes se le adjudica el 100 por 100 de la plena propiedad de la vivienda compensando a la otra parte, a ésta última se le genera una ganancia o pérdida patrimonial, al haberse producido una variación en el valor de su patrimonio puesto de manifiesto por una alteración en su composición.

El importe de esta ganancia o pérdida patrimonial vendrá determinado por la diferencia entre el valor de adquisición y el valor de la adjudicación efectuada, en la forma prevista en los artículos 34 y 35 de la Ley del Impuesto.

IVVTNU (Plusvalía municipal)

No se genera hecho imponible en el Impuesto sobre el Incremento de Valor de los terrenos urbanos:

La razón de la no sujeción al mismo en el caso de disolución del proindiviso expuesto anteriormente, se debe a que para que se produzca el hecho imponible en este impuesto debe existir un acto traslativo de la propiedad. La práctica totalidad de la doctrina entiende que se trata de un acto declarativo o especificativo de derechos. En la extinción del condominio o proindiviso no existe transmisión desde unos comuneros hacia otro, aquel que resulta dueño exclusivo de la totalidad del bien tras la extinción. Antes bien estamos ante un acto declarativo de derechos, que no produce transmisión alguna de los mismos, sino que delimita la cuota de cada titular copropietario. (STS 23 mayo 1998)

ITP (IMPUESTO SOBRE TRANSMISIONES PATRIMONIALES)

Podría generarse hecho imponible, sujeción a ITP, si se produce un exceso de adjudicación que podría haberse evitado.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 7.º .2.B) del Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre, del Texto Refundido de la Ley del ITPAJD, los excesos de adjudicación declarados se consideran, en principio, transmisiones patrimoniales. Ahora bien, la propia norma introduce una salvedad: estarán no sujetos a gravamen aquellos excesos de adjudicación que surjan de dar cumplimiento a determinados artículos del Código Civil y disposiciones de Derecho Foral basadas en el mismo fundamento (a estos efectos, destaca el artículo 1.062 del Código Civil, según el cual “cuando una cosa sea indivisible o desmerezca mucho por su división, podrá adjudicarse a uno, a calidad de abonar a los otros el exceso en dinero“).

Es decir, la cuestión está en determinar la efectiva indivisibilidad de la cosa o cosas en común (que se transmite/n) y la consecuencia evitable o inevitable de que la adjudicación se haya efectuado en la forma pactada.

La resolución del T.E.A.C de fecha 29 de septiembre de 2011, Recurso 00/591/2010, daría respuesta a esa cuestión:

 Tratándose de la disolución de una comunidad donde existan varios bienes indivisibles y se produzcan excesos de adjudicación, los mismos pueden quedar sujetos a la modalidad de Transmisiones Patrimoniales Onerosas si tales excesos hubieran podido evitarse o al menos minorarse con una adjudicación distinta de tales bienes (esto es, siempre que el exceso hubiera podido al menos en parte evitarse) respetando siempre los principios de equivalencia en la división de la cosa común y de proporcionalidad entre la adjudicación efectuada y el interés o cuota de cada comunero. Esta excepción de indivisibilidad – inevitabilidad (de “obligación consecuencia de la indivisibilidad” en palabras del Tribunal Supremo) no debe aplicarse a cada uno de los bienes individualmente considerados, sino que debe entenderse referida al conjunto de los bienes que integren la comunidad.”

Ejemplo:

Si un matrimonio es titular de dos inmuebles, la adjudicación de ambos a uno sólo de los cónyuges, vía compensación monetaria al otro, SI estaría sujeto a ITP. En cambio, NO lo estaría si cada conyugue se adjudica uno de los inmuebles, compensando el más beneficiado al otro monetariamente.

Si un matrimonio es titular de un sólo inmueble, la adjudicación del mismo al otro vía, compensación monetaria , NO estaría sujeto a ITP

AJD (ACTOS JURIDICOS DOCUMENTADOS)

Si no está sujeto a ITP, lo estaría a AJD, si la adjudicación se efectúa en documento público notarial.

Definición y tratamiento del “ajuar doméstico” en el Impuesto sobre Sucesiones, según Consulta vinculante V0832-17, 04 de Abril.

DESCRIPCIÓN

La consultante va a proceder a la liquidación del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones por herencia y tiene ciertas dudas sobre el concepto de ajuar doméstico.

CUESTIÓN

Teniendo en cuenta que el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones no fija el concepto de ajuar, pues se limita a establecer un porcentaje y se remite al Impuesto sobre el Patrimonio, y que de la regulación de este último impuesto puede deducirse que el concepto de ajuar se refiere a bienes muebles (objetos y utensilios de uso y disfrute personal, improductivos -no generadores de rendimientos-) y necesarios en el ámbito del hogar, y por existir dudas razonables sobre la consideración de algunos bienes que se liquidan, consulta si algunos de los bienes siguientes tienen la consideración de elementos integrantes del ajuar doméstico:

  1. Participaciones en acciones de sociedades.
  2. Activos financieros (participaciones en entidades financieras).
  3. Explotaciones de acuicultura (criaderos de mejillón).
  4. Embarcación auxiliar de servicio a la explotación de acuicultura.
  5. Vehículo turismo.
  6. Fincas rusticas de labrado.
  7. Locales comerciales.

CONTESTACIÓN

En relación con la cuestión planteada en el escrito de consulta, este Centro directivo informa lo siguiente:

El artículo 15 de la Ley 29/1987, de 18 de diciembre, del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones (BOE de 19 de diciembre de 1987) –LISD-_ dispone lo siguiente:

«Artículo 15. Ajuar doméstico.

El ajuar doméstico formará parte de la masa hereditaria y se valorará en el 3 por 100 del importe del caudal relicto del causante, salvo que los interesados asignen a este ajuar un valor superior o prueben fehacientemente su inexistencia o que su valor es inferior al que resulte de la aplicación del referido porcentaje».

Por su parte, el artículo 34 del Reglamento el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, aprobado por el Real Decreto 1629/1991, de 8 de noviembre (BOE de 16 de noviembre de 1991) -RISD- determina lo siguiente:

«Artículo 34. Valoración del ajuar doméstico.

  1. Salvo que los interesados acreditaren fehacientemente su inexistencia, se presumirá que el ajuar doméstico forma parte de la masa hereditaria, por lo que si no estuviese incluido en el inventario de los bienes relictos del causante, lo adicionará de oficio la Oficina Gestora para determinar la base imponible de los causahabientes a los que deba imputarse con arreglo a las normas de este Reglamento.
  2. El ajuar doméstico se estimará en el valor declarado, siempre que sea superior al que resulte de la aplicación de la regla establecida en el Impuesto sobre el Patrimonio para su valoración. En otro caso, se estimará en el que resulte de esta regla, salvo que el inferior declarado se acredite fehacientemente.
  3. Para el cálculo del ajuar doméstico en función de porcentajes sobre el resto del caudal relicto, no se incluirá en éste, el valor de los bienes adicionados en virtud de lo dispuesto en los artículos 25 a 28 de este Reglamento ni, en su caso, el de las donaciones acumuladas, así como tampoco el importe de las cantidades que procedan de seguros sobre la vida contratados por el causante si el seguro es individual o el de los seguros en que figure como asegurado si fuere colectivo.

El valor del ajuar doméstico, así calculado, se minorará en el de los bienes que, por disposición del artículo 1.321 del Código Civil o de disposiciones análogas de Derecho Civil foral o especial, deben entregarse al cónyuge sobreviviente, cuyo valor se fijará en el 3 por 100 del valor catastral de la vivienda habitual del matrimonio, salvo que los interesados acrediten fehacientemente uno superior».

De la redacción de los preceptos transcritos se desprende que la normativa del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones –LISD y RISD- no contiene un concepto de ajuar doméstico, sino que se limita a valorarlo por regla general en un porcentaje del tres por ciento sobre el importe del caudal relicto del causante y se remite a las reglas del Impuesto sobre el Patrimonio.

Hasta el día 1 de enero de 1992, la redacción del artículo 15 de la Ley 29/87, de 18 de diciembre , del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, era la siguiente: «El ajuar doméstico formará parte de la masa hereditaria y se valorará conforme a las reglas establecidas en el Impuesto sobre el Patrimonio Neto, a menos que se pruebe fehacientemente su inexistencia o que su valor es inferior al que resulta de la aplicación de las mismas». Por lo tanto, el concepto de ajuar doméstico en el Impuesto sobre Sucesiones se vinculaba al de la Ley 50/1977, de 14 de Noviembre, del Impuesto Extraordinario sobre el Patrimonio.

Sobre este concepto de ajuar doméstico en relación con el Impuesto Extraordinario sobre el Patrimonio, ya tuvo ocasión de pronunciarse el Tribunal Supremo en numerosas sentencias (26 de abril de 1995; 8 de julio de 1995; 27 de noviembre de 1995; 18 de diciembre de 1995; 29 de mayo de 1998, etc.). En todas ellas indicaba que en el párrafo primero del artículo 1.449 de la Ley de Enjuiciamiento Civil se contenía una definición de ajuar, al referirse a determinados bienes inembargables, la cual venía a coincidir con la definición que de ajuar da el Diccionario de la Real Academia Española, cuando dice que es «el conjunto de muebles, enseres y ropas de uso común en la casa», concepto que, desde una perspectiva más actual, ampliaba la Ley 50/1977 a las joyas, obras de arte, automóviles o embarcaciones, cuyo valor unitario no excediera de 250.000 pesetas.

Posteriormente, la Ley 19/1991, de 6 de junio, del Impuesto sobre el Patrimonio (BOE de 7 de junio de 1991) -en adelante, LIP-,que derogó el Impuesto Extraordinario sobre el Patrimonio regulado en la Ley 50/1977, sí contiene un concepto de ajuar doméstico -que declara exento-, en su artículo 4.4 en los siguientes términos:

«Artículo 4. Bienes y derechos exentos.

Estarán exentos de este Impuesto:

[…]

Cuatro. El ajuar doméstico, entendiéndose por tal los efectos personales y del hogar, utensilios domésticos y demás bienes muebles de uso particular del sujeto pasivo, excepto los bienes a los que se refieren los artículos 18 y 19 de esta Ley».

Por su parte, los artículos 18 y 19 de la LIP , a los que se refiere el precepto transcrito disponen lo siguiente:

«Artículo 18. Joyas, pieles de carácter suntuario y vehículos, embarcaciones y aeronaves.

Las joyas, pieles de carácter suntuario, automóviles, vehículos de dos o tres ruedas, cuya cilindrada sea igual o superior a 125 centímetros cúbicos, embarcaciones de recreo o de deportes náuticos, aviones, avionetas, veleros y demás aeronaves, se computarán por el valor de mercado en la fecha de devengo del Impuesto.

Los sujetos pasivos podrán utilizar, para determinar el valor de mercado, las tablas de valoración de vehículos usados aprobadas por el Ministerio de Economía y Hacienda, a efectos del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados y del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, que estuviesen vigentes en la fecha de devengo del Impuesto».

«Artículo 19. Objetos de arte y antigüedades.

Uno. Los objetos de arte o antigüedades se computarán por el valor de mercado en la fecha de devengo del Impuesto.

Dos. Sin perjuicio de la exención que se contempla en el artículo 4 apartados Uno, Dos y Tres de la presente Ley, se entenderá por:

  1. a) Objetos de arte: Las pinturas, esculturas, dibujos, grabados, litografías u otros análogos, siempre que en todos los casos, se trate de obras originales.
  2. b) Antigüedades: Los bienes muebles, útiles u ornamentales, excluidos los objetos de arte, que tengan más de cien años de antigüedad y cuyas características originales fundamentales no hubieran sido alteradas por modificaciones o reparaciones efectuadas durante los cien últimos años».

Conforme a los preceptos transcritos, lógicamente, aquellos bienes que no tengan la consideración de ajuar doméstico (objetos de arte, antigüedades, joyas, pieles, automóviles, embarcaciones, aeronaves, etc.), quedan incluidos en el Impuesto conforme a las reglas que la propia Ley establece, valorándose de manera independiente. De acuerdo con esta nueva concepción del ajuar doméstico, es la propia LIP la que en su disposición adicional tercera dio nueva redacción al artículo 15 de la LISD, términos transcritos. De esta forma se trasladó al ámbito del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones un concepto del ajuar doméstico que queda exento en el Impuesto sobre el Patrimonio por el artículo 4 de su Ley reguladora, fijándose una regla de cálculo debido a la dificultad que entraña su determinación, si bien permitiendo al sujeto pasivo que fije otro valor o que demuestre su inexistencia.

En cuanto a los bienes objeto de su consulta, ninguno de ellos puede considerarse incluido en el ajuar doméstico, pues no encajan en la definición legal, algunos de ellos por no ser bienes muebles, otros por no ser de uso personal o doméstico, sino profesional o empresarial, algunos más por ambos motivos y otros por estar expresamente excluidos por la Ley.

CONCLUSIONES:

Primera: A efectos del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, el ajuar doméstico está integrado por los efectos personales y del hogar, utensilios domésticos y demás bienes muebles de uso particular del sujeto pasivo, excepto los bienes a los que se refieren los artículos 18 y 19 de la Ley del Impuesto sobre el Patrimonio.

Segunda: El ajuar doméstico formará parte de la masa hereditaria y, en principio, se valorará en el tres por ciento del importe del caudal relicto del causante. No obstante, los interesados pueden asignar al ajuar un valor superior, en cuyo caso prevalecerá este. Ahora bien, la valoración del ajuar en el tres por ciento es una presunción “iuris tantum”, por lo que los interesados pueden probar fehacientemente su inexistencia o que su valor es inferior al que resulte de la aplicación del referido porcentaje.

Tercera: La base sobre la que ha de aplicarse el tres por ciento para el cálculo del ajuar doméstico es el importe total del caudal relicto, entendiendo por tal el conjunto total de bienes y derechos incluidos en la masa hereditaria, es decir, el valor real de los bienes y derechos pertenecientes al causante, minorado por las cargas y gravámenes deducibles conforme a la LISD , pero sin tener en cuenta las deudas del causante.

Lo que comunico a Vd. con efectos vinculantes, conforme a lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 89 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

 

No sujeción a Iva en la transmisión de un solar efectuado por una sociedad mercantil

Recuerdo perfectamente la primera vez que tuve conocimiento de ello, y de quién lo escuché (un inspector de hacienda muy resabiado).

La venta de un “solar” (apto para edificar sobre el mismo), efectuado por un sociedad limitada (que soportó IVA en su adquisición) NO ESTARIA SUJETO A IVA, sino a ITP , porque no se ha acreditado suficientemente que dicho SOLAR esté afecto a una actividad empresarial.

Existen varias consultas tributarias de la DGT que hablan sobre ello, no obstante, no haré referencia a ellas, por cuanto es de fácil obtención en el buscador de google.

Cuando ese inspector me soltó esa “parrafada” me eché las manos a la cabeza, lo primero que pensé fue, si la Ley del Impuesto sobre el Valor Añadido te dice  que la venta de un Solar está sujeto y no exento a IVA si se efectúa por un empresario o profesional, y en el presente caso hablamos de un solar vendido por una S.L, ¿ que estaba ocurriendo?. El símil chistoso que se me ocurrió sería el de un LEGIONARIO, armado hasta los dientes, y con la cabra que se presenta ante ese inspector de tributos y le dice, ¡Soy un Legionario!, y este le contesta que no lo es hasta que muera en la guerra para ser así el novio de la muerte.

Fuera bromas, la conclusión a la que he llegado, después de mucho pensar, es que la inspección de tributos utiliza tres frentes para rebatir (a su interés) si la venta de un solar por una sociedad mercantil no está sujeto a IVA (también usa ese argumento para jugar  con la deducibilidad del IVA soportado):

1-      Podría defender la postura de que dicha mercantil no es sujeto pasivo de IVA, la verdad que ahora mismo no caigo como podría hacerlo, pero supongo que podrían argumentar que las sociedades de mera tenencia de bienes o patrimoniales no son sujetos pasivo de IVA. Lo que ocurre que defender esa postura le resulta más dificultoso a los actuarios de la AEAT, por ello acuden a otros supuestos que más abajo detallo.

2-      Argumentar que el solar no está afecto a una actividad económica y empresarial, porque el vendedor no ha llevado a cabo (pagado) la urbanización de los terrenos. Las consultas tributarias de la AEAT siempre dicen los mismo, afección a la promoción inmobiliaria (sin definir qué significa eso), ordenación por cuenta propia de factores de producción materiales y humanos o de uno de ellos, con la finalidad de intervenir en la producción o distribución de bienes o servicios (no sé muy bien qué significa eso en la práctica). Otra argumentación que también he escuchado de un inspector, es que no se ha acreditado que al tiempo de comprar el solar, se tenía intención de afectarla a una actividad económica (esta vía ha sido muy usada en la inspección de sociedades patrimoniales)

3-      También argumentan que la compra venta de un solar o inmueble, no es una actividad empresarial, suelen utilizar el término actividad especulativa (no es actividad económica), y se quedan tan panchos. Hablaríamos de sociedades sin personal contratado, o que su actividad habitual no es compra y vender, sino la mera tenencia.

En ocasiones, como estas, la solución (o argumentación que pueda refutar lo anterior) no se encuentra ni en la Ley Española, ni en las consultas tributarias, ni en los Tribunales Españoles, podría encontrarse en las SENTENCIAS DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UNION EUROPEA (TJUE)

Teniendo en cuenta que la jurisprudencia del TJUE es directamente en España, aquí dejo dos resoluciones que hablan sobre esa cuestión, y que espero os pueda ser de utilidad.

  1. COMPRA VENTA DE SOLARES COMO ACTIVIDAD EMPRESARIAL. Tribunal de Justicia de la Unión Europea, C-180/10 y C-181/10

En relación con la venta de un terreno edificable, el Tribunal de Justicia ha declarado que constituye un criterio de apreciación pertinente el hecho de que el interesado haya realizado gestiones activas de comercialización de inmuebles recurriendo a medios similares a los empleados por un fabricante, un comerciante o un prestador de servicios en el sentido del artículo 4, apartado 2, de la Sexta Directiva, tales como, en particular, la realización de obras de urbanización en dichos terrenos y el empleo de medios de comercialización habituales (véase, en este sentido, la sentencia Słaby y otros, C-180/10 y C-181/10, EU:C:2011:589, apartados 39 y 40). En efecto, estas iniciativas no forman parte del marco normal de gestión de un patrimonio personal, por lo que no cabe considerar que, en tal supuesto, la venta de un terreno edificable constituya el mero ejercicio del derecho de propiedad por su titular (véase, en este sentido, la sentencia Słaby y otros, C-180/10 y C-181/10, EU:C:2011:589, apartado 41.

  1. TRANSMISIÓN DE SOLAR NO SUJETA A IVA POR NO SER ACTIVIDAD EMPRESARIAL. Tribunal de Justicia de la Unión Europea, C-36/2016

 

El TJUE resuelve cuestión prejudicial en relación con la sujeción al IVA de una operación en la que una sociedad transfirió a una entidad territorial la propiedad de un bien inmueble en compensación de una deuda de naturaleza tributaria, interpretando los artículos 2, apartado 1, letra a), y 14, apartado 1, de la Directiva 2006/112/CE, relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido.

CONCLUSIÓN:

 El alta censal en el epígrafe 833.1 Promoción inmobiliaria de terrenos, no garantiza que la sociedad tenga derecho a la deducción de las cuotas de IVA soportadas, ni que la venta de dichas parcelas esté sujeta a IVA, porque existen consultas tributarias muy variopintas, que no llegan a informar con palabras sencillas qué se precisa para que se considere empresarial una actividad, o como un inmueble se puede afectar a una actividad económica.

Si una sociedad cuya actividad habitual no es la promoción inmobiliaria de edificaciones, o de terrenos en el sentido de urbanizarlos, y está sufriendo un procedimiento de inspección en el cuál el actuario quiere regularizar la situación de IVA,  aduciendo que el solar ( solares) no están afecto a la actividad de promoción inmobiliaria o urbanización, ya le anticipo que las probabilidades de hacer cambiar de opinión son muy dificultosas, y que acabará en los Tribunales, no obstante yo hablaría con el cliente y trataría de aportar lo expuesto en los siguientes puntos:

  1. Argumentar que el objeto social, coincidente con su actividad real de la mercantil es la compra venta de bienes inmuebles (actividad comercial según lo establecido en el artículo 5 LIVA), siendo imposible efectuar la urbanización del terreno , por cuanto ya estaría dotada de los elementos previstos por la legislación urbanística
  2. Aportarle copia de la Sentencia del año 2010 (C-180, C-181) del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
  3. Aportarle copia del alta censal IVA 833.1 Promoción Terrenos.
  4. Aportarle copia de los documentos contables que acreditan que dichas parcelas están contabilizada como existencias.
  5. Aportar justificantes que acrediten que la sociedad ha realizado gestiones activas de comercialización de inmuebles recurriendo a medios similares a los empleados por un comerciante o un prestador de servicios, empleando medios de comercialización habituales. Bajo mi punto de vista, en situaciones en las cuales el terreno ya está urbanizado y listo para edificar, la única posibilidad sería aportar contratos de intermediación con agencias inmobiliaria, anuncios ..

Esta argumentación a la cuál hago referencia, sería aplicable en la medida en la cual el tiempo transcurrido entre la compra del solar, y su venta, no es excesivo.

Sinceramente, cuando un cliente me preguntar como tributaría la venta de su solar, me pongo a temblar, y lo primero que le pregunto es, ¿Ha gastado usted dinero en adecentar esa parcela, factura de movimiento de tierras, vallado..etc?, porque si no es así no puedo darle una respuesta 100% segura.

Análisis jurídico y tributario de las operaciones de reducción y aumento de capital simultáneos (operaciones acordeón). Expulsión del socio minoritario

ANALISIS JURÍDICO

Las sociedades de capital incursas en causa de disolución, provocada entre otras razones por pérdidas, pueden acordar una serie de medidas de ” saneamiento patrimonial” para la regularizar esa situación.

El artículo 363.1.e) de la Ley de Sociedades de Capital, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, dispone que las sociedades de capital, se disolverán (deberán disolverse), entre otras: Por pérdidas que dejen reducido el patrimonio neto a una cantidad inferior a la mitad del capital social, a no ser que éste se aumente o se reduzca en la medida suficiente, y siempre que no sea procedente solicitar la declaración de concurso.

El presupuesto básico para que una sociedad esté obligada en solicitar la declaración de concurso de acreedores es la INSOLVENCIA PATRIMONIAL, situación que no se cumple necesariamente cuando una mercantil presente (balance de situación) de un patrimonio neto por debajo de la mitad de la cifra de capital social.

La operación acordeón viene regulada en los artículos 343 a 345 de la Ley de Sociedades de Capital, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio.

En efecto, el artículo 343 de la Ley de Sociedades de Capital, se limita a establecer dos reglas.

  1. La necesaria simultaneidad del acuerdo de reducción a cero o por debajo de la cifra mínima de capital, a un acuerdo de transformación de la sociedad o de aumento hasta una cantidad igual o superior al mínimo legal.

  1. El establecimiento en términos imperativos –en todo caso– del respeto del derecho de asunción de los socios, para las sociedades limitadas o de suscripción preferente, para las sociedades anónimas, tanto en el caso en el cuál la ampliación posterior de capital se efectúe con aportaciones dinerarias, como si se efectúa por compensación de créditos existentes a favor de los socios (RDGRN 20 Noviembre 2013)

  Los artículos 344 y 345 se circunscriben por su parte a resaltar la necesaria simultaneidad de reducción y aumento en la ejecución del acuerdo y en la inscripción

Artículo 343 Reducción y aumento del capital simultáneos

  1. El acuerdo de reducción del capital social a cero o por debajo de la cifra mínima legal solo podrá adoptarse cuando simultáneamente se acuerde la transformación de la sociedad o el aumento de su capital hasta una cantidad igual o superior a la mencionada cifra mínima.
  2. En todo caso habrá de respetarse el derecho de asunción o de suscripción preferente de los socios.

Artículo 344 Eficacia condicionada del acuerdo de reducción

En caso de acuerdo de reducción y de aumento del capital simultáneos, la eficacia del acuerdo de reducción quedará condicionada, en su caso, a la ejecución del acuerdo de aumento del capital.

Artículo 345 La inscripción simultánea

La inscripción del acuerdo de reducción en el Registro Mercantil no podrá practicarse a no ser que simultáneamente se presente a inscripción el acuerdo de transformación o de aumento de capital, así como, en este último caso, su ejecución.

            Aunque tradicionalmente la finalidad de la operación acordeón ha sido encontrar aportaciones para las empresas que necesitaban recuperar su patrimonio después de una época con muchas pérdidas para poder continuar con su actividad, lo cierto es que en muchas ocasiones ha sido el mecanismo utilizado por los socios mayoritarios de una sociedad mercantil para “expulsar” al socio minoritario con menor capacidad financiera para acudir a los aumentos de capital- bien por no poder acudir al aumento o por únicamente poderlo hacer en una proporción limitada- provocando un cambio en la estructura de control de la empresa.

No obstante, a la hora de plantearse efectuar esta operación, los gestores y socios de la mercantil deben de tener en cuenta algunas consideraciones:

  • El órgano competente para acordar una operación acordeón es la Junta General (sea ordinaria o extraordinaria), toda vez que nos encontramos ante una modificación de estatutos, sin que quepa delegar en los administradores este tipo de acuerdo pues no existe una figura equivalente al “capital autorizado” en el aumento de capital para la reducción de capital y porque nunca podrán adoptar un acuerdo de reducción de capital y hay que preservar la unidad y simultaneidad de la operación.
  • Además de los requisitos generales de información para los socios, la convocatoria deberá expresarse claramente qué parte del capital va a reducirse y qué cantidad se va a ampliar, señalándose claramente, en primer lugar, si la reducción se realizará a cero o por debajo de la cifra mínima legal y en segundo lugar, el carácter unitario de la operación para por último fijar con nitidez los extremos que van a modificarse.( STS 837/2000, RDGRN 9 de mayo de 1991 (BOE 12 de junio)].
  • El Balance deberá estar verificado por los auditores de cuentas de la sociedad o por el nombrado por el Registrador Mercantil a solicitud de los administradores cuando la sociedad no estuviera obligada a verificar sus cuentas anuales, cuya exigencia es un mecanismo de tutela (RDGRN de 09 de Mayo de 1991). La llamada operación acordeón requiere de la existencia previa de un Balance y el informe del Auditor de Cuentas (RDGRN de 7 de diciembre de 1999, BOE de 26 de febrero de 2000). No se requerirá informe de auditor si se acuerda por unanimidad de los partícipes de la sociedad efectuar dicha operación (RDGRN 02 marzo 2011)

ANALISIS FISCAL

Con carácter general, la operación de reducción de capital social a cero o por debajo de la cifra mínima legal, o de la cifra originaria, supone que nos encontramos ante una operación sujeta al Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales (ITP) en su modalidad de Operaciones Societarias (OS), por aplicación de lo dispuesto en los artículos 1 y 19.1.1º de la LITP, antes mencionados.

No obstante, tratándose de una reducción nominal de capital, sin entrega de bienes y derechos a los socios, por aplicación de lo dispuesto en el Art. 25.4 de la LITP, la base imponible será cero, de forma que la liquidación por ITP será también de cero, al igual que por Actos Jurídicos Documentados, por aplicación de lo dispuesto en el Art. 75.4 del RITP.

La posterior ampliación de capital social, igualmente estaría exenta, en virtud de lo dispuesto en el artículo del Ap. I B).11 del Art. 45 del TR LITPYAJD modificado por Art. 3 de Real Decreto-ley 13/2010, de 3 de diciembre.

Un efecto fiscal a tener en cuenta en este tipo de operaciones es que el valor de adquisición de los valores afectados se reduce hasta su anulación, lo cuál tendría implicación en el IRPF, al momento de transmitir esas participaciones en el futuro.

Documentos que precisa aportar el administrador único para promover contencioso-administrativo

Cabe que el administrador único además de justificar tal condición, deba aportar documentación añadida a fin de acreditar que en efecto ostenta facultades para promover recursos en nombre de la sociedad (como la copia de los estatutos sociales) o bien que la sola condición de administrador único constituyan de por sí título suficiente para ejercitar acciones.

Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso-administrativo, Sentencia 759/2017, 4 May. Recurso 1578/2016

¿Puede el administrador de una mercantil interponer un recurso contencioso-administrativo, solo justificando su condición de tal, o debe además aportar documentación acredite que ostenta facultades para promover recursos en nombre de la sociedad?.

El Supremo para zanjar la cuestión planteada examina el alcance de los requisitos para la interposición del recurso contencioso-administrativo del artículo 45 LJCA (LA LEY 2689/1998) y aclara que a la exigencia de acompañar al escrito de interposición el documento que acredite la representación del compareciente, (lo que generalmente viene siendo el poder de representación), se une la necesidad de aportar también el documento o documentos que acrediten el cumplimiento de los requisitos exigidos para entablar acciones las personas jurídicas con arreglo a las normas o estatutos que les sean de aplicación.

Cuando en el seno del litigio se pone en tela de juicio la capacidad del administrador para ejercitar acciones o interponer recursos no basta con acreditar simplemente la condición de administrador.

Es decir, que aunque pueda entenderse que solo por ser administrador único de una sociedad ya se ostentan facultades para decidir ejercitar acciones judiciales o promover la interposición de un recurso contencioso-administrativo, esto será así siempre y cuando no se suscite controversia en el proceso.

En la medida en que la atribución de la competencia de administración y gestión al administrador único no se caracteriza en la Ley societaria como exclusiva y excluyente, puede el Tribunal, bien de oficio, bien a instancia de la parte contraria, cuestionar tal competencia que solo puede quedar despejada mediante la aportación de la documentación pertinente, por ejemplo aportando los estatutos para que de ellos pueda comprobarse que no existe ninguna cláusula atributiva de competencia a la Junta General.

La casuística puede ser enorme en atención a las concretas circunstancias de casa litigio, lo que justifica que una vez que haya sido cuestionada la facultad del administrador para ejercitar acciones legales o interponer recursos, se pueda exigir, de forma razonada, la aportación de documentación añadida, y solo probado que no existe previsión específica atributiva de competencia a la Junta General, despliega toda su operatividad la competencia inicial y general del administrador único en materia de actos de gestión.

Lo anterior llevado al supuesto litigioso, en el que la parte demandada insiste en la inadmisibilidad del recurso al haber aportado el administrador solo un poder de representación y la liquidación de la tasa para el ejercicio de acciones judiciales, tiene como consecuencia que, atendida la objeción formulada por la parte demandada, que el poder de representación resultaba insuficiente para considerar cumplida la carga procesal exigida por el art. 45.2.d) de la Ley Jurisdiccional.

El Supremo confirma la inadmisibilidad del recurso contencioso-administrativo que se pretendía interponer contra una resolución del Tribunal Económico Administrativo Regional desestimatoria de una reclamación formulada contra un acuerdo de liquidación del Impuesto sobre Sociedades por no haber sido subsanado el defecto de no aportar el acuerdo societario para recurrir, denunciado por el Abogado del Estado en el escrito de contestación a la demanda.