NOVACIONES DE PRÉSTAMOS Y CRÉDITOS HIPOTECARIOS, UNA VISIÓN PRACTICA

Mucho se ha dicho y comentando respecto de la reciente resolución del TEAC de 16 de mayo de 2013 por cuanto la misma, debería de abrir el camino para el cambio de criterio por parte de los organismos liquidadores de la Junta de Andalucía, a la hora de liquidar la Novación de Créditos Hipotecarios, en concepto de ITP-AJD, por cuanto en dicha resolución se equipara a efectos del artículo 9 de la Ley 2/1994 los créditos hipotecarios a los préstamos hipotecarios, y por consiguiente estaría exenta de tributar.

Arguye el TEAC en dicha resolución que “la exención contenida en el artículo 9 de la Ley 2/1994 debe aplicarse -en los casos a que dicho precepto se refiere- a la financiación hipotecaria en general cualquiera que sea el modelo de instrumentalización (crédito o préstamo).” “La conclusión alcanzada no supone una extensión analógica de la norma, sino una integración interpretativa de la misma.” La Resolución cita la Sentencia del TSJ de Galicia de 25 de junio de 2012, Recurso 155672011: la Sentencia del TSJ de Andalucía de 4 de octubre de 2012; y la Sentencia del TSJ de Castilla y León , Sede de Burgos, de 9 de noviembre de 2012, que iniciaron la doctrina que consagra el TEAC.

El problema que surge es que el contribuyente no sabe como actuar ante este tipo de situaciones, esto es, liquidar y pagar el modelo 600 de AJD en la novación del crédito hipotecario, o bien solicitar la exención de la autoliquidación a sabiendas que la administración sigue sin cambiar de criterio al no equiparar CRÉDITO con PRÉSTAMO, o directamente seguir el criterio que le de su asesor, si es que tiene suerte de tenerlo.

Cualquier asesor, ya fuere abogado o economista le dirá al contribuyente que actualmente, caso de seguir el criterio dictado en esa reciente sentencia y no pagar, le vendrá una liquidación paralela de los organismos de recaudación de la comunidad autónoma correspondiente, pero que se podrá ganar en los tribunales al existir ya jurisprudencia que lo avale, sin embargo, en muchas ocasiones el problema está en la imposibilidad manifiesta por ese contribuyente de avalar la deuda para poder recurrir, o bien que al ser la liquidación girada de una cuantía no muy alta, escoge pagarla al hacer números, por cuanto pagando los honorarios del asesor como que compensaría más, y con eso juega la administración hoy día en la situación de crisis en la que estamos.

Sin embargo un nuevo rayo de luz asoma por el horizonte a favor del contribuyente por la publicación de una nueva resolución del TEAC de fecha 12/09/2013, Nº Resolución: 00/4978/2011, que reitera el criterio de la resolución del TEAC de 16 de mayo de 2013, y que abre las puertas a que el contribuyente pueda ganar el recurso ante los mismos órganos de la administración.

Dispone el artículo 239.7 de la vigente Ley General Tributaria, que “la doctrina que de modo reiterado establezca el Tribunal Económico-Administrativo Central vinculará a los tribunales económico-administrativos regionales y locales y a los órganos económico-administrativos de las Comunidades Autónomas y de las Ciudades con Estatuto de Autonomía y al resto de la Administración tributaria del Estado y de las Comunidades Autónomas y de las Ciudades con Estatuto de Autonomía. El Tribunal Económico-Administrativo Central recogerá de forma expresa en sus resoluciones y acuerdos que se trata de doctrina reiterada y procederá a publicarlas según lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 86 de esta Ley. En cada Tribunal Económico-Administrativo, el criterio sentado por su Pleno vinculará a las Salas y el de ambos a los órganos unipersonales. Las resoluciones y los actos de la Administración tributaria que se fundamenten en la doctrina establecida conforme a este precepto lo harán constar expresamente.”

Lo anterior supondría que a partir del 12/09/2013 podemos considerar que EXISTE DOCTRINA REITERADA que debe vincular las resoluciones adoptadas por este organismo (JUNTA DE ANDALUCIA), pues el Tribunal Económico Administrativo Central (T.E.A.C), en sendas resoluciones, la primera de fecha 16/05/2013, nº.de RECURSO: 2180/2011, y la segunda en fecha 12/09/2013, número Resolución 00/4978/2011, la cuál identifica claramente en su fundamentación que el criterio que ahí se expone es reiterado de la sentencia de fecha 16/05/2013, dan un tratamiento unitario, en el ámbito de ITP y AJD, para las figuras de préstamo y créditos, y en virtud de dicha equiparación, así como de la finalidad perseguida por la Ley y, habida cuenta de la legislación complementaria posterior a la misma, se considera que la exención contenida en el artículo 9 de la Ley 2/1994 (Novación y Subrogación) debe aplicarse a la financiación hipotecaria en general, cualquiera que sea el modelo de instrumentación utilizado, PRESTAMO o CREDITO.
Actualmente estoy inmerso en un recurso de reposición que trae causa de un expediente de devolución de ingresos indebidos en los cuales he argumentado lo expuesto anteriormente, así que en fechas próximas sabré como actúa la administración respecto a los argumentos esgrimidos al respecto…

RECLAMACIÓN DEL CÉNTIMO SANITARIO

El día 27/02/2014, se ha publicado la Sentencia del Tribunal de Justicia Europeo, en el asunto C-82/12, en respuesta a una cuestión prejudicial interpuesta por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, con motivo de la legalidad del denominado céntimo sanitario o IVMDH.

La Sentencia dictamina que el IVMDH es un impuesto ilegal, por ser contrario a la Directiva sobre los impuestos especiales, y lo más importante, el Tribunal establece que no procede limitar en el tiempo, los efectos de la sentencia. Por tanto, la sentencia tiene efectos retroactivos, dada la mala fe con la que ha actuado la Administración española, según dice el propio Tribunal.

Llegados a este punto, se abre la posibilidad de reclamar la devolución de las cantidades indebidamente pagadas por este impuesto, para todo los consumidores de carburantes, incluidos los particulares.

Ello no obstante, por el volumen de la cantidad a recuperar y por la facilidad de acreditar el gasto realizado mediante la aportación de las correspondientes facturas, resulta que las empresas del sector del transporte y la obra pública, son las mejor posicionadas para realizar dicha reclamación, junto con todas aquellas empresas que tenga un gran volumen de consumo de carburantes.

Las vías de reclamación son dos:

PRIMERO. Presentar una solicitud de devolución de ingresos indebidos ante la Administración Tributaria, por el periodo comprendido entre el 01/01/2010 hasta el 31/12/2012, fecha de desaparición del impuesto. El año 2013 no se puede reclamar, dado que el impuesto desapareció con efectos 01/01/13, pasando a recaudarse el denominado céntimo sanitario, a través del Impuesto de Hidrocarburos. Los periodos anteriores al 01/01/2010, tampoco se pueden reclamar, al haber prescrito. La prescripción fiscal es de 4 años y por tanto, el próximo 20/04/14, prescribirá el primer trimestre de 2010, cuya liquidación se efectuó en fecha 20/04/10

Este procedimiento se fundamenta en el derecho a recuperar las cantidades indebidamente ingresadas por el impuesto, al haber sido éste declarado ilegal, más los intereses correspondientes. En el supuesto de denegarse la reclamación en vía administrativa, se abriría la vía jurisdiccional contencioso-administrativa.

SEGUNDO. Una segunda vía es la reclamación por responsabilidad patrimonial de la Administración, en virtud del artículo 106.2 de la Constitución Española, el artículo 139 de la Ley 30/1992 y el Real decreto 429/1993, de 26 de marzo, por el cual se aprueba el Reglamento de los Procedimientos de las Administraciones Públicas en materia de Responsabilidad Patrimonial. Dicho procedimiento, también se inicia en vía administrativa, y de desestimarse o no resolverse en un plazo de seis meses, abre la vía jurisdiccional ante los Tribunales Contenciosos Administrativos.La acción de responsabilidad es una vía alternativa y no incompatible con la devolución de ingresos indebidos, que el Tribunal Supremo avaló en la sentencia de 17 de septiembre de 2010 (RJ 2011/679)

Este procedimiento se fundamenta, en el derecho a una indemnización por los daños que ha causado la Administración española, al mantener durante 10 años un impuesto cuya legalidad estaba cuestionada por las Autoridades Europeas, y actuar de mala fe, según ha manifestado el propio Tribunal Europeo, por lo que esta sería la vía para reclamar las cuantías pagadas dentro del periodo de prescripción fiscal importes, esto es, desde el principio.

Para interponer dichas reclamaciones, se precisa de las facturas de los periodo a reclamar 01/01/2002 hasta el 31/12/2012, ordenadas por trimestres, así como un el cálculo o sumatorio de os litros consumidos en dichos periodos, también ordenados por trimestres.

Si no se conservan las facturas, o no se puede conseguir un duplicado de las mismas, en principio, no podrán acreditarse el ingreso indebido o el daño causado y por lo tanto, la reclamación, todo ello con independencia de otros medio probatorios utilizables en derecho como el de presunción de pruebas o hechos notorios.

Mi primer post

Antes de ayer fué 17 de marzo de 2014, día muy señalado para el resto de mis días al nacer mi segundo hijo ( Adolfo Murillo Crespo) en la clínica Quiròn en Marbella.

Hoy es día 19 de marzo, día de San José, o día del padre, ò el cumpleaños de mi hija Ariadna Murillo Crespo ( 5 años), así que hoy tendremos una celebraciòn muy especial.

Gustavo Adolfo Murillo González
Abogado y Economista.

20140319-091751.jpg