El asesoramiento fiscal y el día de la “marmota”

Ya estamos a punto de cerrar el año 2018, y el balance que hago de este año podría resumirse en una frase, “esto es el día de la marmota”, todo sigue igual”. Y por qué digo lo anterior, la respuesta es bastante simple, el contribuyente ya no dispone de ninguna “ventaja” frente a la “todo poderosa” Agencia Estatal de la Administración Tributaria, cada vez se le exige más al contribuyente, y cada vez es más difícil para ellos (también para los asesores), argumentar en defensa de sus intereses, que la actuación administrativa es “dolosa”, por no decir, otra cosa… ya no le es de aplicación práctica al contribuyente, la existencia de la “presunción de inocencia”..

Si la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, centra su mirada hacia un contribuyente, !pena penita pena, pena de mi corazón!, la probabilidad de que acabe sufriendo una liquidación tributaria, es mucho mayor que hace unos años, no más por disponer de más razón ahora que antaño, sino por una cuestión económica, más recaudará la AEAT, mayor será el complemento de productividad que perciban “sus funcionarios”, y mayor será la recaudación del Estado, asfixiada los últimos años por el endeudamiento financiero excesivo que sufre desde hace años.

El principal “azote”  de los contribuyentes, es la inseguridad jurídica existente en la aplicación de las normas tributaria. La normativa fiscal y tributaria, suele redactarse en unos términos “gramaticales” susceptibles de ser interpretada, lo cual va en perjuicio de los contribuyentes (y de los asesores) que tienen la obligación de cumplirla, y en beneficio de aquellos que deben aplicarla, por cuanto siempre podrán encontrar (éstos últimos) alguna excusa “interpretable” para tratar de llevar la razón a la hora de “castigar” al contribuyente. Si una norma dice que algo es “gris”, y en la práctica no existe ese tono de color, sino sólo define “el blanco” o “el negro”, pues quien interpreta el “gris” puede utilizar ambas tonalidades según la convivencia del caso concreto, y eso es una realidad.

Cuando un cliente nos pregunta cuál es el régimen fiscal de una operación “con contenido económico” susceptible de ser gravada con algún impuesto, nunca acudo (como asesor) a la ley (COMO PRIMERA OPCIÓN), que debería ser lo habitual, sino que suelo acudir a la interpretación que la dirección general de tributos hace de un supuesto “similar”, a través de las Consultas tributarias vinculantes, o no, y en virtud de ello, doy una respuesta.

Y así están las cosas, en función de lo que la AEAT interpreta de la ley, yo informo al contribuyente, aún en aquellos casos en los cuales estoy en desacuerdo con esa interpretación, porque claro, los asesores fiscales debemos de tener en cuenta, que los clientes que reciben nuestro asesoramiento, podrían emprender “acciones legales de responsabilidad” contra nosotros, para el caso de que entiendan que no han recibido un asesoramiento fiscal adecuado. Por ello utilizamos el “escudo” de asesorar a los clientes, en función de lo que la Agencia Tributaria considera adecuado, porque en caso de que optemos por no actuar así, pobre de nosotros….

Bajo mi punto de vista, los asesores fiscales estamos “coaccionados” por la ley, por el cliente, y por la Agencia Tributaria, y entiendo que en un futuro, quizás no muy lejano, llegará un punto en que la función de los asesores fiscales, será sustituida por una asesoría central de contribuyentes, dirigida por la Agencia Tributaria, que será la encargada de confeccionar la contabilidad y los impuestos de los contribuyentes, si no al tiempo, espero al menos haberme jubilado por entonces…

Seguro que algún lector pensará que la función del asesor fiscal va más allá de ser un mero “títere” “aplicador” de la interpretación que la Agencia Tributaria realiza de la normativa fiscal, transformándose en un “defensor” a ultranza de la “LEY” y de la interpretación personal que uno tiene de la misma, a lo cual debo responder, que SI, por supuesto, SOMOS DEFENSORES, pero estamos limitados a realizar tal función, en el ámbito de las reclamaciones económico administrativas, o contencioso administrativas, momento en el cuál el contribuyente ha debido pagar la liquidación que la Agencia Tributaria le ha girado previamente, y pasarán años, hasta ser notificado de una resolución, que, o bien puede darnos la razón, o no, porque una cosa debemos de tener presente, y es que los Tribunales, con el paso de los años, se han “empapado” de una corriente doctrinal que tiende a favorecer la recaudación del estado, en busca del “interés general”. Una prueba práctica de este razonamiento podríamos encontrarlo en “sorpresas” que han llamado mucho la atención como las sentencias contra “clausula suelo” y “ devolución pago impuesto hipotecas”, todo ello por cuanto lo “anormal” es lograr resoluciones que perjudiquen la recaudación del estado.

Y hasta aquí mi resumen del año 2018, que podría ser la que hubiera realizado del año 2017 y anterior.

Feliz año, y como diría aquel, santa rita, rita, que me quede como estoy para el año 2019, y que la cosa no vaya a peores.