EL AUTOCONSUMO EN IVA DE VIVIENDAS CONSTRUIDAS POR UNA SOCIEDAD MERCANTIL AFECTAS AL ALQUILER.

EL AUTOCONSUMO EN IVA DE VIVIENDAS CONSTRUIDAS POR UNA SOCIEDAD MERCANTIL.

Hoy me gustaría hablar de un tema que suele generar dudas entre los asesores fiscales, sobre la forma en la cual una entidad mercantil que ha construido una vivienda debería regularizar el I.V.A cuando dichos inmuebles son destinados finalmente al alquiler para particulares, o bien cuando cesa en su actividad promotora.

Cuando una vivienda ha sido promovida por una sociedad mercantil para su venta, pero finalmente se destinará al alquiler (o uso particular del socio) la ley del Impuesto sobre el Valor Añadido (artículo 9) considera que ese cambio de afectación del inmueble (sectores diferenciados de actividad económica) tiene la consideración de una entrega de bienes. Es decir, debería tratarse como si la sociedad se vendiera a sí misma el referido inmueble sin contraprestación monetaria. Esa venta “ficticia” sólo tendrá efectos en IVA, no en el impuesto sobre sociedades, y es comúnmente conocida como AUTOCONSUMO DE BIENES (la sociedad deberá repercutir un IVA por el valor de la construcción al tipo impositivo del 10%, y aquella parte que no se compense con el IVA soportado y deducido por la sociedad, tendrá que abonarlo a la AEAT).

Muchos empresarios tienen la creencia de que construir una vivienda, a través de una sociedad mercantil, otorga a ésta “siempre” el derecho a deducirse las cuotas de IVA soportadas en la construcción y compra del solar, pudiendo solicitar la devolución de dicho IVA pagado a la Agencia Tributaria en cualquier momento. Esa creencia es un gran error que podría tener importantes implicaciones fiscales.

Para evitar posibles incidencias fiscales, lo normal sería que el asesor fiscal realizara al cliente un cuestionario para conocer cual será el destino final de dicha vivienda .

  • Si se el cliente nos comunica que la vivienda no será destinada a su venta, una vez finalice la construcción, sino que se pondrá en alquiler a particulares, nuestro consejo es no dar de alta a la sociedad en I.V.A. Con ello, las cuotas pagadas durante la fase de construcción de la referida vivienda (10%), y de la compra del solar (21% IVA o 10% ITP) será considerado un mayor valor de la construcción. En este caso no es de aplicación la mecánica de inversión del sujeto pasivo (ejecuciones de obra, artículo 84 LIVA) en la cual el constructor no paga IVA (ahorro de tesorería) en ejecuciones de obra. Con ello evitaremos que la AEAT pueda investigar la posterior regularización que tendría que hacerse la sociedad vía mecánica de autoconsumo.
  • Si se el cliente comunica que dicha vivienda será destinada a su venta una vez finalice la construcción, nuestro planteamiento sería dar de alta a la sociedad en I.V.A (promoción inmobiliaria de edificaciones). Con ello las cuotas de IVA soportadas durante la fase de construcción de la referida vivienda (10%) y de compra del solar (21%) podrán ser compensadas en el futuro con las cuota de IVA repercutidas que se generarán en su venta, salvo que haya solicitado la devolución de las mismas. En este caso es de aplicación la inversión del sujeto pasivo en las ejecuciones de obra ( artículo 84 Uno 2º-f LIVA), que en la práctica se traduce en la posibilidad de que la empresa promotora del inmueble no tendrá que pagar IVA en las certificaciones de obra que el constructor le emita (ahorro de tesorería). Si la vivienda construida no puede venderse (por causas ajenas a la voluntad del cliente) y se destine al alquiler para particulares, se procedería a regularizar el IVA que la sociedad se hubiera deducido y/o ingresar aquellas cuotas de IVA no pagadas por haber aplicado la mecánica de la inversión (autoconsumo).
  • Si tras finalizar la sociedad la construcción de la vivienda, habiéndose deducido la sociedad las cuotas de IVA soportadas, el inmueble empieza a ser utilizado por el socio de la mercantil, la Agencia Tributaria podría inadmitir la regularización que se llevara a cabo vía “autoconsumo” si con las pruebas que dispone pudiera PRESUMIR O PLANTEAR la posibilidad de que la intención inicial de la sociedad no era la venta la vivienda construida (V0359-10). En este caso, extremo y peligroso, la AEAT podría considerar no deducibles las cuota de IVA soportadas desde el inicio de la construcción. Si es así, las implicaciones fiscales podrían ser importantes (supresión de deducción de cuotas soportadas y/o exigencia de cuotas no pagadas por haberse aplicado inversión de sujeto pasivo artículo 84 Uno 2º-f LIVA -, con imposición de sanciones tributarias).

Si atendiendo a lo expuesto en los párrafos anteriores se llega a la conclusión de que una vez finalizada la construcción de la vivienda, la mercantil debe regularización de cuotas de IVA soportados a través del mecanismo de “AUTOCONSUMO”, quedaría por saber ¿ cómo llevar a cabo esa regularización?.

Para dar respuesta a esa pregunta debemos acudir a lo expuesto en los artículos 79.3 2º y 3º LIVA.

“Tres. En los supuestos de autoconsumo y de transferencia de bienes, comprendidos en el artículo 9, números 1.º y 3.º, de esta Ley, serán de aplicación las siguientes reglas para la determinación de la base imponible:

1.ª Si los bienes fuesen entregados en el mismo estado en que fueron adquiridos sin haber sido sometidos a proceso alguno de fabricación, elaboración o transformación por el propio sujeto pasivo, o por su cuenta, la base imponible será la que se hubiese fijado en la operación por la que se adquirieron dichos bienes.

Tratándose de bienes importados, la base imponible será la que hubiera prevalecido para la liquidación del impuesto a la importación de los mismos.

2.ª Si los bienes entregados se hubiesen sometido a procesos de elaboración o transformación por el transmitente o por su cuenta, la base imponible será el coste de los bienes o servicios utilizados por el sujeto pasivo para la obtención de dichos bienes, incluidos los gastos de personal efectuados con la misma finalidad.

3.ª No obstante, si el valor de los bienes entregados hubiese experimentado alteraciones como consecuencia de su utilización, deterioro, obsolescencia, envilecimiento, revalorización o cualquier otra causa, se considerará como base imponible el valor de los bienes en el momento en que se efectúe la entrega.”

El párrafo 2º anterior es claro de explicar, si en la contabilidad de la sociedad, consta como coste de la edificación (excluido IVA) la suma de 300.000€, la regularización de las cuotas de IVA vía “autoconsumo” consistirá en emitir una factura de la sociedad a la propia sociedad con una base imponible de 300.000€, repercutiendo un IVA del 10% (vivienda). Así, si dicha mercantil tiene contabilizado unas cuotas a compensar de 10.000€, podrá compensar esa suma con el IVA repercutido por autoconsumo 30.000 (300.000€ x 10%) debiendo ingresar en la AEAT la suma de 20.000€ (30.000 – 10.000).

El problema surge a la hora de interpretar lo dispuesto en el párrafo 3º anterior, donde se hace referencia al concepto “valor de los bienes en el momento en que se efectúe la entrega” en activos susceptibles de revaloración (como es el caso de los inmuebles)

Existen asesores que consideran que el valor de los bienes al que hace referencia ese precepto señalado en el párrafo 3º es el valor de mercado de los mismos.

Nosotros entendemos que no tendría lógica aplicar valor de mercado al regularizar las cuotas de IVA (autoconsumo), cuando según dispone el párrafo 2º debe efectuarse según precio de coste, más en un sector económico como el de la construcción en el cual todos sabemos que el valor de mercado de una vivienda siempre será superior al coste de su construcción (en el 99,99% de los casos) desde el mismo momento que finalice la construcción.

A mayor abundamiento, debemos de tener en cuenta que la regla específica para poder valorar operaciones a valor de mercado (operaciones vinculadas) viene regulada, en el mismo artículo 74 LIVA, pero en su punto número CINCO. Es decir, es una regla especial, al igual que la establecida en el artículo 73.tres, es decir, ambas son reglas especiales, y la dispuesta en el punto 3 habla de precio de coste (no de mercado).

“Cinco. Cuando exista vinculación entre las partes que intervengan en una operación, su base imponible será su valor normal de mercado.”

 Lo expuesto anteriormente, y dado que no hemos podido localizar consulta tributaria vinculante  de la DGT que explique cual debiera ser ese valor, nos obliga acudir a pronunciamientos del Tribunal de Justicia de la Unión Europea para disponer de alguna orientación.

Así, la Sentencia TJUE (Sala Octava) de 8 mayo 2013 establece que el artículo 74 (Base imponible autoconsumo cese actividad sujeta a IVA) debe interpretarse en el sentido de que se OPONE a una disposición nacional que establece que, en caso de cese de la actividad económica imponible, la base imponible de la operación es el valor normal de mercado de los bienes existentes en la fecha de dicho cese, a menos que el valor normal de mercado corresponda en la práctica al valor residual de los mencionados bienes en esa fecha y que se tenga en cuenta de este modo la evolución experimentada por el valor de esos bienes entre la fecha de su adquisición y la del cese de la actividad económica imponible…”

Nosotros consideramos pues, que la base imponible que debe computarse a los efectos de valorar el referido autoconsumo en la sociedad mercantil que construyó la vivienda debería de ser el valor residual de los mencionados inmuebles teniendo en cuenta la evolución experimentada por estos bienes entre la fecha de su adquisición y la fecha de cese de la actividad.

Ese valor residual “actualizado” a la fecha de cese de actividad de la actividad sujeta a IVA,  sería el COSTE DE REPOSICIÓN DE LOS REFERIDOS INMUEBLES (Según coincide en sus apreciaciones la obra Memento Fiscal 2021, Francis Lefebvre)

¿Qué se puede entender por coste de reposición de un inmueble o vivienda en un momento x?.

Pues según entendemos sería el coste “actualizado” de construcción de la referida vivienda a la fecha de cese de actividad (excluido iva), es decir, lo que costaría construir nuevamente esa vivienda a la fecha de cese de actividad o cambio de sector diferenciado de actividad económica (según una tasación pericial de profesional cualificado) menos la amortización o deterioro del referido inmueble que haya sido computado o contabilizado en la contabilidad de la sociedad.

Ejemplo:

Una sociedad finaliza la construcción de una vivienda el 31 de diciembre de 2019, figurando en la contabilidad la suma de 200.000€ (excluido iva) (50.000 parcela, + 150.000 construcción). El valor de mercado de la vivienda (tomando en consideración valoración de mercado de viviendas similares) a 31/12/2020 es de 300.000€, figurando en contabilidad como amortización del inmueble la suma de 10.000€.

Para determinar el coste de reposición a fecha 31 de diciembre de 2020, habría que requerir a un perito que determine cuál sería el coste de edificar esa misma vivienda a esa fecha. Supongamos que el perito determina que el coste de reposición de la referida edificación sería de 200.000€.

Pues según nuestro legal saber, la base imponible de IVA por autoconsumo de inmueble sería de 240.000€. (50.000 + 200.000 – 10.000).

Como suelo decir con bastante frecuencia, la normativa de IVA es bastante compleja, y en muchas ocasiones los asesores tienden a interpretarla de una forma que evite problemas con la administración tributaria, por lo que en este tipo de casos es habitual que apliquen el valor de mercado de la vivienda (según una tasación pericial) a los efectos de regularizar la situación por autoconsumo.

Gustavo Adolfo Murillo González.-

Abogado y Economista.

Marbella 17 Marzo 2021.

La venta de un solar urbano por una sociedad mercantil no siempre está sujeta a I.V.A

Hoy vamos a hablar de un tema de índole fiscal, que a fecha de hoy sigue generando opiniones dispares entre algunos asesores fiscales, relacionado con la sujeción a I.V.A o I.T.P  de la venta de una solar urbano por parte de una sociedad mercantil.

Existen algunos asesores fiscales que piensan que la venta de un solar urbano efectuado por una sociedad mercantil siempre estará sujeta a I.V.A por dos motivos:

  1. Una sociedad mercantil es siempre sujeto pasivo de I.V.A
  2. La ley de I.V.A señala que la venta de una terreno urbanizable efectuado por un sujeto pasivo de I.V.A, está sujeta y no exenta de I.V.A

Sin embargo, existe la posibilidad de que una sociedad mercantil no sea sujeto pasivo de IVA, y si no lo es, la venta del referido solar urbano, por parte de dicha entidad no estaría sujeta a I.V.A sino al Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (I.T.P)

El artículo 5 Uno.b) de L.I.V.A señala que a los efectos de ese impuesto se reputarán empresarios o profesionales (esto es, sujeto pasivo de IVA) las sociedades mercantiles, salvo prueba en contrario.

El concepto “salvo prueba en contrario” significa que cabe la posibilidad de que una sociedad mercantil no tenga la consideración de empresario a los efectos de I.V.A.

La ley del impuesto sobre el valor añadido no regula cuales pueden ser los supuestos en los cuales podría darse el caso de que una entidad mercantil no sea sujeto pasivo de IVA, motivo por el cual debemos acudir a lo que establece la doctrina de la dirección general de tributos, y los tribunales de justicia.

Es un supuesto bastante  habitual la existencia de sociedades mercantiles (entidad patrimonial) que compraron solares hace años,  no han estado dada de alta en actividades económicas (ya sea promoción de terreno o edificaciones) y/o no han ejecutado, sobre dichos solares, actividad alguna urbanizadora. Este tipo de sociedades suelen comprar “como inversión” para vender en años futuros.

Pues bien, el supuesto anterior es un caso típico de exclusión de venta sin IVA, tal como señala la consulta tributaria vinculante V2986-16 de fecha 27 de junio de 2016, en la cual la dirección general de tributos consideró que la venta de un solar efectuado por una sociedad mercantil no estaría sujeta a IVA sino a ITP.

Pasamos a transcribir de forma literal los aspectos fundamentales que establece esa consulta tributaria vinculante de la dirección general de tributos:

La entidad consultante es titular de varios solares que fueron adquiridos en 2006 sin deducir las cuotas soportadas por tal adquisición ni darse de alta censal en el Impuesto sobre Actividades Económicas. La consultante, que no ha desarrollado sobre los solares actividad promotora alguna, se plantea o bien transmitirlos a terceros o promover la construcción de viviendas sobre los mismos destinadas a su venta.

… Por consiguiente, si la entidad consultante no tenía con anterioridad la condición de empresario o profesional a efectos del Impuesto sobre el Valor Añadido y adquiere los solares con la intención confirmada por elementos objetivos de destinarlos a una actividad empresarial o profesional, adquiere, desde el momento de tal adquisición, la condición de empresario o profesional pudiendo deducir, conforme a lo previsto en el artículo 111 de la Ley 37/1992, las cuotas soportadas por dicha adquisición.

Según los hechos descritos en el escrito de consulta, la sociedad consultante no tenía la condición de empresario o profesional con anterioridad y parece deducirse que los inmuebles son adquiridos sin la intención de afectarlos a ninguna actividad económica, por lo que no se le atribuye, con ocasión de dicha operación, la condición de empresario o profesional a efectos del Impuesto sobre el Valor Añadido lo que determina, por un lado, que las cuotas que soportó por la referida adquisición no fueron deducibles y, por otro, que la posterior entrega de los solares no se encuentra sujeta a dicho tributo, sin perjuicio de la tributación que corresponda en el ámbito del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.”

Gustavo Adolfo Murillo González.

Abogado y Economista

Efectos del Covid 19 en la residencia fiscal de extranjeros en España

Recientemente se ha publicado una consulta tributaria de la dirección general de tributos (V1983-20) que ha generado una enorme repercusión mediática, por cuanto resuelve que la estancia “obligatoria” que ha tenido el contribuyente ( que formuló la consulta) debe computar a los efectos de que pueda ser considerado residente fiscal en España, al permanecer más de 183 días en el año natural en territorio español. Esto es, si permanece más de 183 días en España será considerado residente fiscal en España.

Entendemos que la respuesta a dicha consulta, debería ser matizada, y que fuera de conocimiento del público en general, aún  cuando consideramos “injusta” lo dispuesto en la misma respecto a la obligación de computarse los días del estado de alama (15 de marzo a 21 junio) a efectos de residencia (183 días).

En primer lugar, debemos advertir que quien realiza esa consulta tributaria vinculante es un ciudadano residente en la República Libanesa. Dicha nación es considerada un paraíso fiscal a efectos de la normativa tributaria española, al no existir convenio de doble imposición. Por ese motivo, entendemos que la respuesta dada por la dirección general de tributos no es “completa”.

Si no existe convenio de doble imposición, por desgracia los contribuyentes deben aceptar “en teoría” la respuesta dada por la dirección general de tributos (ojo!… que la AEAT deberá de probar que el contribuyente ha estado más de 183 días en España, cosa bastante difícil en muchas ocasiones).

Si existe convenio de doble imposición, se pueden aplicar los mecanismos recogidos en dicha disposición para “atemperar” o anular la condición de residente fiscal de alguien que ha permanecido más de 183 días en España, por cuanto la permanencia no es el único requisito computable.

En condiciones normales, cualquier extranjero que ha permanecido más de 183 días en España, por culpa del estado de alama en España, y pueda aplicar un convenio de doble imposición (de su país de residencia habitual con España) podrá obtener con relativa facilidad un certificado de residencia fiscal de su país de origen en la agencia tributaria de su país, que por  término general será aceptada por la AEAT, si no es aceptado ese certificado, deberá acreditar las condiciones establecidas en el convenio.

Por ello, entendemos que los extranjeros que han permanecido en España más de 183 días, por los motivos expuestos, siempre que existe una convenio de doble imposición de su parís de residencia con España, no deben preocuparse en exceso por lo dispuesto en dicha consulta tributaria.

Recomendamos a los contribuyentes que en caso de plantearse un conflicto por esta causa, acudan a un buen asesor fiscal, y le hagáis participes de los comentarios que se han expuesto en el presente artículo

Gustavo Adolfo Murillo González.

Abogado y Economista.

Compra venta de participaciones de sociedad con inmuebles alquilados. ITP o IVA

Hay resoluciones de los tribunales y/o de la dirección general de tributos que pasan desapercibidas para muchos asesores fiscales, y que tienen gran importancia, hoy me gustaría hacer mención a una resolución de la DGT, y del Tribunal Supremo, en relación a la aplicación del artículo 314 de la Ley del Mercado de Valores.

Por norma general, la venta de acciones o participaciones de sociedades está exenta del IVA y de ITP. No obstante, esta regla general tiene una excepción aplicable, esto es, que dicha operación podría estar sujeta al pago de los referidos impuestos, cuando la operación se hubiera efectuado con ánino de elusión del pago de los tributos que hubieran gravado la operación.

Ese pretendida “elusión de pago” podemos dividirla en dos grupos:

1. Aquella en las cual el legislador impone una presunción de ánimo de elusión del pago de impuestos, contra la que no cabe prueba en contrario:

  • Compra venta de participaciones sociales en las que al menos el 50% de los activos de la sociedad no están afectos a una actividad económico o empresarial.

2. Otro tipo de presunciones (no recogidas en la normativa legal) pero que podrían argumentar la inspección de tributos, contras los que si cabría alegar prueba en contrario. Este tipo de presunciones están al “arbitrio” de la administración. Lo más importante a destacar aquí, es que es la administración tributaria es quien debe probar que existe ánimo de elusión del pago del impuesto con esa operación llevada a cabo.

Según mi experiencia profesional, son dos los supuestos más habituales que se plantean cuando hablamos de la posible aplicación del artículo 314 de la ley del mercado de valores:

a) ¿Cómo se determina la base imponible del impuesto (IVA-ITP) en caso de ser aplicable la excepción recogida en el artículo 314 LMV, cuando un titular adquiere más del 50% de las participaciones de una sociedad?

Para responder esa cuestión, traemos a colación la contestación dada por el Tribunal Supremo, en su sentencia de fecha 18 de diciembre de 2018, número de resolución 1794/2018:

Y la respuesta ha de ser la de que -a partir del 1 de diciembre de 2006, fecha de entrada en vigor de la Ley 36/2006, de 29 de noviembre-, la base imponible de tales operaciones -conforme disponía el artículo 108 de la Ley del Mercado de Valores y dispone ahora el artículo 314 del texto refundido de esa mima ley- ha de fijarse en función del porcentaje total de participación que se pasa a disfrutar en el momento en que se obtiene el control de la sociedad cuyo capital se adquiere, con independencia de que con anterioridad a ese momento el adquirente tuviera ya la propiedad de parte de esas participaciones o acciones de la entidad.”

Debemos recordar, que la base imponible del impuesto en estos casos, se determina en función del valor de mercando de los activos, no del valor contable.

b) Si una sociedad es titular de inmuebles arrendados (que suponen más del 50% de valor de los activos de una sociedad) (de forma continuada en el tiempo), y dicha mercantil NO dispone de personal empleado para la gestión de dicho alquiler, ¿sería de aplicación la excepción recogida en el artículo 314 LMV (elusión fiscal) o dicha transmisión de participaciones estaría exenta de IVA e ITP?

La afección de inmuebles a una actividad económica, difiere en el caso de que hablemos del impuesto sobre la renta de las personas fisicas (I.R.P.F) o del Impuesto sobre Sociedades:

  • Si quien alquila es una persona física, la LIRPF exige que dicha persona disponga de un local exclusivo para realizar esa gestión de alquiler, y una persona contratada a jornada completa.
  • Si quien alquila es una sociedad mercantil, la LIS, exige que la sociedad disponga de una persona contratada a jornada completa.

 

Bajo esas premisas, podríamos llegar a pensar que en la compra venta de participaciones sociales de una sociedad mercantil con inmuebles “arrendados” sería preceptivo que dicha compañía tuviera al menos un empleado a jornada completa, para “justificar” que dichos inmuebles están afectos a una actividad económica, no siéndole de aplicación la excepción recogida en el artículo 314 LMV.

Esa conclusión, que ya anticipamos sería “errónea”, se debe a que para la aplicación de la excepción recogida en el artículo 314 LMV, se habría tomado en cuenta la normativa de la Ley del Impuesto sobre Sociedades.

Sin embargo,  esa apreciación no sería del todo correcta, por cuanto la normativa que habría que tomar como referencia no es ni la LIRPF, ni la LIS, sino la ley del Impuesto sobre el Valor Añadido, según recoge diversas consultas de la DGT, entre ellas la Resolución Vinculante de Dirección General de Tributos, V2470-17 de 03 de Octubre de 2017.

Según dicha consulta tributaria, para determinar si los inmuebles se encuentran afectos a una actividad empresarial, no deberá acudirse a la normativa del IRPF, sino a la del IVA. Y según la normativa de IVA (artículo 5.UNO.c LIVA ), los inmuebles alquilados se consideran afectos por el simple hecho de estarlo (tanto si se alquilan como vivienda como si se alquilan como local), con independencia de que exista o no un trabajador que gestione la actividad.

En definitiva, según nuestro leal saber, la compra venta de participaciones de sociedades con inmuebles alquilados de forma recurrente y continua en el tiempo , aún sin disponer de persona empleado, no pagaría impuestos (I.T.P, A,JD, IVA), siempre y cuando la operación no se hubiera planteado con una intención clara y fraudulenta para pagar menos impuesto.

¿ Qué podría entender por ánimo de elusión del impuesto?. Para dar respuesta a ello, y dado que la casuística puede ser muy variada, podríamos explicarlo con el siguiente ejemplo :

  • Aquella situación en la cual una entidad mercantil, pocos meses antes de vender las participaciones de una entidad mercantil con inmuebles, que nunca han estado alquilados previamente, los arriende. Y que dichos arriendos hayan sido establecidos con personas vinculadas con la sociedad, socios o administradores.

Gustavo Adolfo Murillo González.

Abogado y Economista.

IMPUESTO SOBRE SUCESIONES Y DONACIONES EN ANDALUCÍA (ABRIL 2019)

Novedades en Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones en Andalucía.

En el presente artículo se aborda la modificaciones más significativas que han entrado en vigor en Andalucía en relación al Impuesto sobre Sucesiones  y Donaciones, en el mes de Abril de 2019.

Entre ellas, considero que la principal novedad es la aplicación de una bonificación del 99% en el pago de impuesto, entre parientes directos (grupo 1 y 2).

Debe recordarse, que también es de aplicación en Andalucía una reducción adicional (aplicable previamente) de 1.000.000€, para aquellos supuestos que excedan de ese límite, que ya fue aprobada con anterioridad.

Paso a detallar las modificaciones más significativas, aplicables no sólo a contribuyentes españoles, sino también a no residentes que dispongan de bienes inmuebles, por ejemplo, en la comunidad andaluza.

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Decreto-ley 1/2019, de 9 de abril, por el que se modifica el texto refundido de las disposiciones dictadas por la Comunidad Autónoma de Andalucía en materia de tributos cedidos, aprobado por Decreto Legislativo 1/2018, de 19 de junio, para el impulso y dinamización de la actividad económica mediante la reducción del gravamen de los citados tributos cedidos.

Artículo 33.bis. Bonificación en adquisiciones “mortis causa” (FALLECIMIENTO).

Los contribuyentes incluidos en los Grupos I y II de los previstos en el artículo 20.2.a) de la Ley 29/1987, de 18 de diciembre, del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, o en los supuestos de equiparaciones establecidos en el artículo 20.1 de la presente Ley, aplicarán una bonificación del 99% en la cuota tributaria derivada de adquisiciones “mortis causa”, incluidas las de los beneficiarios de pólizas de seguro de vida.

Artículo 33.ter. Bonificación en adquisiciones “inter vivos” (DONACIÓN).

  1. Los contribuyentes incluidos en los Grupos I y II de los previstos en el artículo 20.2.a) de la Ley 29/1987, de 18 de diciembre, del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, o en los supuestos de equiparaciones establecidos en el artículo 20.1 de la presente Ley, aplicarán una bonificación del 99%en la cuota tributaria derivada de adquisiciones “inter vivos”.

Será requisito necesario para la aplicación de esta bonificación que la donación o cualquier otro negocio jurídico a título gratuito e “inter vivos” se formalice en documento público.

  1. Cuando el objeto de la donación o de cualquier otro negocio jurídico a título gratuito e “inter vivos” sea metálico o cualquiera de los bienes o derechos contemplados en el artículo 12 de la Ley 19/1991, de 6 de junio, del Impuesto sobre el Patrimonio, la bonificación solo resultará aplicable cuando el origen de los fondos esté debidamente justificado, siempre que, además, se haya manifestado en el propio documento público en que se formalice la transmisión el origen de dichos fondos».


CIUDADANOS COMUNITARIOS – ISD

 Ley del Impuesto sobre Sucesiones.

Disposición adicional segunda. Adecuación de la normativa del Impuesto a lo dispuesto en la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de 3 de septiembre de 2014 (asunto C-127/12), y regulación de la declaración liquidación de los contribuyentes que deban tributar a la Administración Tributaria del Estado.

Uno. Adecuación de la normativa del Impuesto a lo dispuesto en la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de 3 de septiembre de 2014.

  1. La liquidación del impuesto aplicable a la adquisición de bienes y derechos por cualquier título lucrativo en los supuestos que se indican a continuación se ajustará a las siguientes reglas:
  2. a) En el caso de la adquisición de bienes y derechos por herencia, legado o cualquier otro título sucesorio, si el causante hubiera sido residente en un Estado miembro de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo, distinto de España, los contribuyentes tendrán derecho a la aplicación de la normativa propia aprobada por la Comunidad Autónoma en donde se encuentre el mayor valor de los bienes y derechos del caudal relicto situados en España. Si no hubiera ningún bien o derecho situado en España, se aplicará a cada sujeto pasivo la normativa de la Comunidad Autónoma en que resida.
  3. b) En el caso de la adquisición de bienes y derechos por herencia, legado o cualquier otro título sucesorio, si el causante hubiera sido residente en una Comunidad Autónoma, los contribuyentes no residentes, que sean residentes en un Estado miembro de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo, tendrán derecho a la aplicación de la normativa propia aprobada por dicha Comunidad Autónoma.
  4. c) En el caso de la adquisición de bienes inmuebles situados en España por donación o cualquier otro negocio jurídico a título gratuito e «intervivos», los contribuyentes no residentes, que sean residentes en un Estado miembro de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo, tendrán derecho a la aplicación de la normativa propia aprobada por la Comunidad Autónoma donde radiquen los referidos bienes inmuebles.
  5. d) En el caso de la adquisición de bienes inmuebles situados en un Estado miembro de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo, distinto de España, por donación o cualquier otro negocio jurídico a título gratuito e «intervivos», los contribuyentes residentes en España tendrán derecho a la aplicación de la normativa propia aprobada por la Comunidad Autónoma en la que residan.
  6. e) En el caso de la adquisición de bienes muebles situados en España por donación o cualquier otro negocio jurídico a título gratuito e «intervivos», los contribuyentes no residentes, que sean residentes en un Estado miembro de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo, tendrán derecho a la aplicación de la normativa propia aprobada por la Comunidad Autónoma donde hayan estado situados los referidos bienes muebles un mayor número de días del período de los cinco años inmediatos anteriores, contados de fecha a fecha, que finalice el día anterior al de devengo del impuesto.
  7. A efectos de lo dispuesto en este artículo, se considerará que las personas físicas residentes en territorio español lo son en el territorio de una Comunidad Autónoma cuando permanezcan en su territorio un mayor número de días del período de los cinco años inmediatos anteriores, contados de fecha a fecha, que finalice el día anterior al de devengo.
  8. Cuando en un solo documento se donen por un mismo donante a favor de un mismo donatario distintos bienes o derechos y por aplicación de las reglas expuestas en el apartado 1 anterior resulte aplicable la normativa de distintas Comunidades Autónomas, la cuota tributaria a ingresar se determinará del siguiente modo:

1.° Se calculará el tipo medio resultante de aplicar al valor del conjunto de los bienes y derechos donados la normativa del Estado y la de cada una de las Comunidades Autónomas en las que radiquen o estén situados parte de tales bienes y derechos.

2.° Se aplicará al valor de los bienes y derechos que radiquen o estén situados en cada Comunidad Autónoma el tipo medio obtenido por la aplicación de su normativa propia, de lo cual se obtendrá una cuota tributaria a ingresar, correspondiente a dichos bienes y derechos.

Dos. Regulación de la declaración-liquidación de los contribuyentes que deban tributar a la Administración Tributaria del Estado.

Los contribuyentes, que deban cumplimentar sus obligaciones por este impuesto a la Administración Tributaria del Estado, vendrán obligados a presentar una autoliquidación, practicando las operaciones necesarias para determinar el importe de la deuda tributaria y acompañar el documento o declaración en el que se contenga o se constate el hecho imponible. Al tiempo de presentar su autoliquidación, deberán ingresar la deuda tributaria resultante en el lugar, forma y plazos determinados reglamentariamente por el Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas.

CIUDADANOS EXTRACOMUNITARIOS – ISD.

Cualquier extranjero, sea cual sea su residencia,  ostentan los mismos derechos que los ciudadanos comunitarios a los efectos de aplicar las bonificaciones autonómicas recogidas en cada comunidad autónoma en el IMPUESTO SOBRE SUCESIONES Y DONACIONES, porque así lo establece la dirección general de tributos.

Dejando al margen la inseguridad jurídica de que las normas sean interpretadas por los operadores jurídicos a su antojo, hablamos de un buena noticia, que beneficiaría especialmente a los ciudadanos británicos, dado que su país saldrá pre visiblemente de la UE, por le Brexit.

Las sentencias del Tribunal Supremo de 19 de febrero de 2018, 21 de marzo de 2018 y 22 de marzo de 2018, acogen el pronunciamiento de la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE de 3 de septiembre de 2014 (asunto C-127/12), que considera que la normativa de un Estado miembro provocará una restricción a la libre circulación de capitales si la aplicación de una reducción en la base imponible de la sucesión depende del lugar de residencia del causante o del causahabiente. Considera el Tribunal que se vulnera la normativa de la UE si, por la aplicación de tales circunstancias, se genera una mayor carga impositiva respecto a las situaciones en las que intervengan únicamente residentes.

En base a dicha jurisprudencia la DGT, en consulta V3151-18, ha resuelto lo siguiente: “En consecuencia, no ha de tenerse en cuenta la exclusión de los países terceros ajenos al EEE en relación con el ámbito de aplicación de la disposición adicional segunda de la Ley 19/1987, de 18 de diciembre, del Impuesto de Sucesiones y Donaciones. Por lo tanto, el régimen regulado en dicha disposición adicional resultará aplicable en relación con todos los no residentes, con independencia de que residan en un Estado miembro de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo o en un país tercero”.

En consecuencia, en la liquidación del Impuesto sobre Sucesiones en aquellos casos en los que los beneficiarios sean extracomunitarios podrán aplicar los mismos beneficios fiscales que prevé la disposición adicional segunda de la ley 29/1987 en su redacción dada por la ley 26/2014. Esta modificación extendió los beneficios aplicables a los residentes en una de las autonomías a los residentes de cualquier país de la UE pero excluyó, sin motivo alguno, a los residentes extracomunitarios.

Gustavo Adolfo Murillo González.

Abogado y Economista.

Como reclamar compañía aérea Vueling

Tenía muchas ganas de escribir este post, no sólo para haceros partícipe de la situación vivida, sino para informar de las dificultades que existen para reclamar una compensación a las compañías aéreas por retrasos en la salida del vuelo.

Cierto es que no todos los retrasos son susceptibles de ser “compensados”, pues dependerá de si existen circunstancias extraordinarias recogidas en el reglamento europeo 261/2004 (y que sean justificadas por la compañía aérea), del tiempo de retraso y de la distancia que hay entre el aeropuerto de salida y de llegada.

Imaginaros la situación, “junio de 2019,  aeropuerto de Málaga, y toda mi familia feliz y preparada para irnos de vacaciones a Tenerife (necesitaba esas vacaciones por el exceso de trabajo y el estrés acumulado), y de buenas a primeras, y sin haber recibido información previa, nos encontramos con un retraso de vuelo que superó las 4 horas.

Debo decir que esa situación vivida tampoco afectó en exceso al disfrute de las vacaciones familiares, pero me molestó muchísimo como la compañía Vueling gestionó dicha situación, y como nos trató, motivos por el cual me propuse reclamar.

Al final del post, colgaré el borrador de demanda que ya tenía lista para presentar, y que podría servir a otros usuarios como modelo básico para poder reclamar.

Situación cronológica de la reclamación:

1.Todos los integrantes de mi familia, presentamos de forma “individual” una reclamación en la propia página web de Vueling.  https://www.vueling.com/es/servicios-vueling/mas-servicios-vueling/incidencias-en-tu-vuelo

2.Recibimos por mail contestación de Vueling, donde nos informan que ninguno de nosotros tenemos derecho a percibir una “compensación económica”, los motivos alegados por la compañía fueron muy genéricos, y sin aportar prueba alguna.

3.Presenté en mi nombre, y en representación de mi familia, una reclamación “conjunta” ante AESA, explicando la situación sufrida, como paso previo para buscar una solución extrajudicial, y disponer de dicho justificante para iniciar, en su caso, una reclamación judicial. https://www.seguridadaerea.gob.es/lang_castellano/particulares/cancelac_retraso/default.aspx

4.Se recibe contestación de AESA, dándonos la razón.

5.Nos ponemos en contacto con Vueling (a través de correo electrónico particulares@vueling.com), haciéndoles participes de la resolución de la AESA.

6.Recibimos varios correos electrónicos de respuesta, “mareando la perdiz”.

7.Insistimos y volvemos a enviar correos electrónicos “exigiendo” el cobro de la indemnización.

8.Recibo un correo electrónico donde me solicitan los datos bancarios de mi cuenta bancaria para proceder al pago de la indemnización. Yo creía que con dicho requerimiento pagarían la indemnización a que teníamos derecho todos los integrantes de mi grupo familiar.

9.Sólo recibo un pago (el mío, 250€), pero no el de mi mujer e hijos, y les pido explicaciones por correo electrónico.

10.Recibo correo electrónico de respuesta, donde me informan que mi mujer e hijos no tienen derecho a percibir indemnización.

  1. Enfado “mayúsculo” por mi parte.
  2. Redacto la demanda que a continuación se acompaña, y se la envío por correo electrónico a Vueling, informándoles que con su forma de proceder, y pese a que no existe obligación de presentar reclamación judicial con abogado y procurador, mi mujer e hijos si lo harán, todo ello para poder exigirles las costas judiciales, por haber actuado con “mala fé”, situación que sería analizada por el Juez, por lo que acabarían pagando una cuantía muy superior a la que le vamos a reclamar (750€). Y como prueba de que actuaré en consecuencia, les aporté copia de la demanda lista para presentar. Les doy un plazo de 5 días para recibir una contestación, para evitar presentar la demanda.

13.Al cabo de 4 días recibo respuesta solicitado los datos bancarios para proceder al pago de la indemnización de mi mujer e hijos.

14.Al cabo de 10 días recibo el dinero en la cuenta bancaria.

Esto que describo es un “hecho real” vivido, del cual he aprendido muchas cosas, entre ellas, que las vacaciones que disfruté en Junio, me han salido muy económicas.

 

AL JUZGADO DE LO MERCANTIL DE MÁLAGA QUE POR TURNO CORRESPONDA

DOÑA ————————–, Procuradora de los Tribunales, y de Dª —————, Dª—————–, y D——————–, según acredito con poder general para pleitos que acompaño como DOCUMENTO 1, comparezco, bajo la dirección letrada de D. Gustavo Adolfo Murillo González, y como mejor proceda en derecho, DIGO

Que por medio del presente escrito formulo DEMANDA DE JUICIO VERBAL EN RECLAMACION DE CANTIDAD DE SETECIENTOS CINCUENTA EUROS (750,00€), contra la compañía aérea VUELING AIRLINES SA, con sede social en Parque De Negocios Mas Blau Ii, Pla De L´estany, 5  08820  – (Aeroport Del Prat, El) – Barcelona, debiendo ser emplazada para que comparezca a través de su respectivo representante legal, con base en los siguientes:

HECHOS

Primero.- En fecha 30 de mayo de 2019, la familia “————“, cuyos integrantes son Gustavo Adolfo Murillo González (Padre de familia), —————- y los hijos menores de edad —————– y ——————–, compraron a través de la plataforma web “Mucho viaje” unos billetes de avión a la Compañía Aérea demandada para viajar el día ­­­6 de Junio de 2019  a las 13.25 horas (siendo la hora de embarque las 12.45 horas), desde el aeropuerto  de Málaga (AGP) hasta el aeropuerto de Tenerife Norte (TFN). Se adjunta como DOCUMENTO 2 copia de la Confirmación de reserva: Billetes emitidos, y DOCUMENTO 3 copias de las Tarjetas de Embarque, tanto de la ida, como de la vuelta.

Segundo.- La Compañía Aérea sin previo aviso, y sin dar ningún tipo de explicación, retraso el vuelo de ida de Málaga a Tenerife, iniciándose la hora de embarque a las 17:48 horas, despegando tiempo después, impidiéndose a dicha familia llegar al lugar de destino a la hora prevista, causándoles una serie de daños consistentes en, gastos diversos de desplazamiento, y gastos de manutención a los que tuvieron que hacer frente, pero de los cuales no disponen de los justificantes oportunos para reclamarlos al haberlos perdido. Se adjunta como DOCUMENTO 4, copia de la fotografía realizada al tablón de horarios de vuelo ubicado en el aeropuerto de Málaga, donde figura dicho retraso.

Tercero.-  Disconforme con la situación sufrida, días después del retraso sufrido, los integrantes de la familia “———-” presentaron de forma individual la correspondiente reclamación ante Vueling Airlines a través de su plataforma web  https://www.vueling.com/es/somos-vueling/contacto/envianos-un-mensaje?category=10)  solicitando una compensación económica para cada uno de sus integrantes por el retraso sufrido, prevista en Reglamento CE nº 261/04 .

A las referidas reclamaciones la compañía Vueling Airlines les fue asignado por la compañía como referencias los números SR_Number 1———-, SR_Number 1————, SR_Number 1——— y SR_Number 1——–, las cuales fueron desestimadas por Vueling Airlines a través de diversos correos electrónicos recibidos los días 7, 9 y 13 de junio de 2019 cuya copia se adjunta como DOCUMENTO 5.

Cuarto.- Disconforme con las respuestas recibidas por Vueling Airlines, Gustavo Adolfo Murillo González, actuando en nombre propio y en representación de su familia, presentó ante la dirección de seguridad de la aviación civil (AESA) la correspondiente reclamación (DOCUMENTO 6), la cual fue estimada (DOCUMENTO 7).

En la resolución dictada por la AESA, se informa que la compañía no ha acreditado la concurrencia de circunstancias extraordinarias como causa del incidente sufrido, por lo que la compañía debe abonar una compensación considerando la distancia del vuelo AGP- TFN- y teniendo en cuenta el artículo 7 del Reglamento 261/04, de 250 euros por pasajero, igualmente se dice que la compañía aérea habría confirmado a AESA su voluntad de proceder al pago de la indicada compensación y/o estar en proceso de realizar el pago.

Quinto.- En fecha 24 de Julio, Gustavo Adolfo Murillo González, en nombre propio, y en representación de su familia, informó a “Vueling Airlines”, a través de correo electrónico (DOCUMENTO 8) la resolución adoptada por AESA en la reclamación presentada, donde se le comunicaba a Vueling Airlines el derecho a percibir una indemnización de 250 euros por pasajero, y que comunicaran las vías para proceder a dicho reintegro.

Sexto.- El día 20 de Agosto se recibió una comunicación, en el cuál se requería los datos de Gustavo Adolfo Murillo González, para el abono de la correspondiente indemnización (DOCUMENTO 9). Dicha indemnización le fue abonada mediante transferencia bancaria (DOCUMENTO 10).

Septimo.- Al no recibirse comunicación alguna en relación a las reclamaciones presentadas por —————, ——————- y ————–, se remitió a Vueling Airlines, en fecha 26 de Agosto de 2019 correo electrónico (DOCUMENTO 11) exigiendo el pago de las mismas, reclamación que fue denegada (incomprensiblemente, sin motivar medianamente los motivos) por Vueling Airlines a través de correo electrónico recibido el día 28 de Agosto de 2019 (DOCUMENTO 12)

A pesar de las reclamaciones extrajudiciales dirigidas a la demandada, no se han satisfecho las pretensiones realizadas por ——————, —————— y ———————–, por lo que se ven obligados a presentar esta demanda en reclamación de cantidad.

A los anteriores hechos le son aplicables los siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

 Primero.- Jurisdicción. Resulta de aplicación los Artículos 117 CE; 2, 9.1, 9.2, 21.1 22  y 86 ter 2b) LOPJ y 36 LEC, que determinan que es la jurisdicción ordinaria la única competente para conocer de los negocios o demandas civiles que se susciten en territorio español entre españoles, entre extranjeros y entre españoles y extranjeros con arreglo a lo establecido en la Ley Orgánica del Poder Judicial y en los tratados y convenios internacionales en los que España sea parte.

Segundo.- Competencia. Teniendo la condición de usuario el actor y habiendo respondido éste a una oferta pública del demandado resulta competente el Juzgado de lo Mercantil ante el que comparecemos, correspondiente al domicilio del demandante, conforme a lo dispuesto en los artículos 52.2 LEC; art. 86 ter 2.b) y art. 3.1, 19 bis de la Ley 38/1988 de Demarcación y Planta Judicial. Así se ha pronunciado nuestro Tribunal Supremo de modo pacífico y reiterado a través de los Autos de 10 de octubre de 2007; 13 de abril de 2007; 5 de noviembre de 2004 y 7 de octubre de 2004, en resolución de los conflictos de competencia elevados.

Tercero.- Capacidad y legitimación. Ambas partes se encuentran capacitadas y legitimadas activamente la demandante y pasivamente la demandada a tenor de lo dispuesto en los artículos 6, 7 y 10 LEC.

Cuarto.- Postulación y representación. Esta parte actúa debidamente representada por Procurador, y bajo la dirección técnica de Letrado, de acuerdo con lo establecido en los artículos 23 y 31 de la LEC, respectivamente

Quinto.- Procedimiento, cuantía, copias de escritos y documentos y su traslado. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 248.2.2º, 250.2 LEC, corresponde dar a la presente demanda la tramitación prevista para el juicio verbal regulado en los artículos 437 y ss. LEC. Se cuantifica la presente demanda en la suma de 750 euros , en cumplimiento de lo impuesto por el art. 253 LEC. Se presentan así mismo los escritos y documentos debidamente firmados, respondiendo de su exactitud con acatamiento de lo imperado por el art. 274 LEC. Expresa el actor su voluntad de cumplir los requisitos exigidos por la Ley, interesando a tenor de lo establecido en el art. 231 LEC la subsanación de cualquier defecto en el que hubiera podido incurrirse.

Sexto.- Fondo.

A) Del principio pro consumatore.Consagran el principio pro consumatore lo establecido en losartículos 153 del Tratado Constitutivo de la Unión Europea, 51.1 y 53.3 CE. Nos hallamos ante reglas impuestas a los poderes públicos, que en consecuencia habrán de informar la legislación positiva, la práctica judicial y la actuación de los poderes públicos, vinculando en suma al legislador (STC 71/1982, de 30 de noviembre) y al juez y poderes públicos (SSTC 19/1982, de 5 de mayo y 14/1992, de 10 de febrero).

B) De la protección de los intereses económicos de los usuarios. Merecen especial tutela los intereses económicos de los consumidores según reconocen los artículos 8 b), 19, 128 y 132 del Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias (TRLGDCU).

C) Cuantificación de la indemnización.  El Reglamento CE 261/2004 prevé compensaciones para los supuestos de cancelación y denegación de embarque en vuelos. Asimismo, en caso de retraso de vuelos el pasajero también tiene derecho a compensación de acuerdo con lo establecido en la sentencia de fecha 23 de octubre de 2012, del Tribunal de Justicia de la Unión Europea C-581/10 y C-629/10, cuando lleguen al destino final tres horas o más después de la hora de llegada inicialmente prevista por el transportista aéreo, salvo que concurran circunstancias extraordinarias que escapan al control efectivo del transportista aéreo. Según dispone el CE 261/2004, la cuantía indemnizatoria en el presente caso sería de 250€ por pasajero.

D) De la responsabilidad objetiva del transportista. En relación con la responsabilidad objetiva del transportista es de aplicación lo dispuesto en los artículos 147 y 148 TRLGDCU y artículo 116 Ley Sobre Navegación Aérea.

Séptimo-. Valoración de la prueba. Según lo dispuesto en el artículo 217.7 LEC, corresponde al juzgador valorar las pruebas teniendo presente la disponibilidad y facilidad probatoria que corresponde a cada una de las partes en el litigio. En este sentido, se ha manifestado el TS a través, entre otras de sus Sentencias de 8 de febrero o 22 de diciembre de 2001, trasladándose de modo particular esta doctrina al usuario de transporte aéreo a título ilustrativo por la SAP de Madrid de 26 de septiembre de 2002.

Octavo.- Intereses. Procede imponer los intereses previstos en el Artículo 7 del Reglamento CE 261/2004, de 11 de febrero, en concordancia con lo establecido en el Artículo 1.101 Cc y 576 LEC.

Noveno.- Costas. Han de imponerse las costas a la demandada conforme a lo establecido en el artículo 32.5 y 394 LEC. A mayor abundamiento, en casos como el presente, ha de apreciarse la mala fe del demandado conforme a lo dispuesto en el 395 LEC, toda vez que la compañía aérea ha desatendido las reclamaciones y requerimientos previos efectuados por el usuario, forzándole pese a la razonabilidad de su pretensión a acudir finalmente al órgano judicial, conscientes del desánimo que suele embargar a la mayoría de los usuarios que desisten de la vía judicial. Así se ha venido entendiendo a modo ilustrativo por la SAP de Vizcaya de 30 de noviembre de 2007 que razona: “mala fe que se sintetiza en la conducta procesal o preprocesal de la Compañía Aérea especialmente destinada a dilatar u obstaculizar la satisfacción de las legítimas pretensiones de la parte actora, que se vio perjudicada durante sus vacaciones navideñas con la pérdida de su maleta”.

Décimo.- Iura Novit Curia. Y en todo lo no invocado resulta de aplicación el principio iura novit curia, plasmado en el art. 218.1 LEC.

En virtud de lo expuesto,

SUPLICO AL JUZGADO: Se tenga por presentado este escrito junto con los documentos y copias que se acompañan, se sirva admitirlo, y en mérito al mismo tenga por formulada DEMANDA DE JUICIO VERBAL EN RECLAMACIÓN DE CANTIDAD, y previo cumplimiento de los trámites procesales de rigor y recibimiento del pleito a prueba interesado desde este momento, se dicte en su día sentencia por la que, estimando íntegramente ésta demanda, se condene a la Compañía Aérea VUELING AIRLINES SA a abonar a quien suscribe la cantidad de  750 euros , más los intereses especificados en el cuerpo de esta demanda y todo ello con expresa imposición de las costas a la demandada.

OTROSÍ DIGO: Siendo el objeto del litigio de exclusivo carácter jurídico, no se considera necesaria, salvo mejor criterio del juzgador o petición expresa de la demandada, la celebración de vista.

SUPLICO: Se tenga por realizada la anterior manifestación, no considerando precisa la celebración de vista.

 Es justicia que así se espera alcanzar en Marbella a 03 de Septiembre de 2019

Ldo. Gustavo Adolfo Murillo González.      Procurador. —————————

IMPUESTOS ESPAÑA NO RESIDENTES

Muchos extranjeros barajan la idea de residir en España (de forma temporal o permanente), por su clima, por la cordialidad de sus habitantes y por la tranquilidad que se respira. Pocos países son mejores para vivir, esto es lo que siempre opino personalmente cuando viajo fuera de España.

Muchos de los estos “extranjeros” (principalmente pensionistas) viven en España pero suelen pagar sus impuestos (I.R.P.F) en sus países de origen, no presentando declaraciones en nuestro país, pese a residir en España el tiempo necesario para ser considerado residente fiscal en España.

Hasta hace poco tiempo, este tipo de situaciones no solían ser controladas por la Agencia Tributaria Española, pero debido a la implantación a gran escala que se está llevando a cabo de la ley de blanqueo de capitales, y convenios entre países relacionados con el intercambio de información, esta situación está siendo cada vez más controlada. Actualmente la Agencia Tributaria Española está persiguiendo este tipo de situaciones, motivo por el cual lo aconsejable es que dichos “extranjeros” deberían buscar la opinión de un asesor fiscal especializado para conocer su situación fiscal, todo ello en aras de evitar problemas futuros con la Hacienda Pública.

Fiscalex Asesores Fiscales y Legales es una firma de abogados y economistas ubicada en Marbella (Málaga), expertos en planificación fiscal tributaria, que podrá asesorarle fiscalmente en la forma de llevar a cabo esa transición.

LOS PRINCIPALES IMPUESTOS QUE SE PAGAN.

En términos generales, un extranjero se considera residente fiscal en España si ha residido en España más de 183 días al año. Si dicha situación se cumple, legal y fiscalmente, deberá de presentar y pagar los mismos impuestos que un nacional Español, con algunas particularidades como se expondrá posteriormente.

Uno puede preguntarse, y eso como lo controla la Agencia Tributaria, mi respuesta para eso es “… la Hacienda Española tiene “espías” en todos lados…..”

Una de las implicaciones más importantes de ser residente en España, es que tributará en España por todos los bienes y rentas que dicho “extranjero” tenga o perciba a nivel mundial, circunstancia muy importante a tener en cuenta. Además deberá de informar a la Hacienda Española de cuáles son sus bienes en el extranjero (modelo 720), y en caso de no hacerlo, puede ser multado muy seriamente.

Una cosa muy importante que hay que “destacar” es que la residencia fiscal en España de un extranjero nada tiene nada que ver con el permiso de residencia. Es decir, se puede ser residente fiscal en España (desde el punto de vista tributario) pese a que dicho extranjero no disponga de un permiso de residencia formal.

Vamos de desglosar, cuáles son esos impuestos “principales”:

IMPUESTO SOBRE LA RENTA –  IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE NO RESIDENTES.

 – Si eres residente fiscal en España por haber permanecido más de 183 días residiendo, deberías de presentar el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, al igual que un ciudadano español. En dicha declaración deberá declararse todas las rentas/ingresos que se han obtenido (incluidas ganancias de capital), no sólo en España, sino también en el Extranjero. Dependiendo del tipo de ingreso obtenido el tipo impositivo varía, así las rentas del trabajo tributan a una tipo máximo en Andalucía del 48%, y en caso de dividendos y ganancias patrimoniales el tipo máximo rondaría el 23%. Sería de aplicación la ley del impuesto sobre la renta.

Existe una “excepción” para que dicho extranjero, que ha residido más de 183 días en territorio español, se le aplica un tipo impositivo inferior en su declaración de IRPF (máximo 24% para rendimientos del trabajo, máximo del 23% para rendimiento de capital mobiliario “dividendos-intereses..). Sería el caso del régimen fiscal especial aplicable a los trabajadores desplazados en territorio español, que es “optativo” y es de aplicación con una duración de 5 años, se requiere que no haya sido residente en España en los últimos 10 años.

Podría darse la circunstancia de que el extranjero que presente impuesto en España “como ciudadano español” hubiera pagado impuestos por rentas que ya habrían pagado impuestos en el extranjero, en este caso la ley permite aplicar una deducción por doble imposición, es decir, deberá declarar esa renta, y en la mayoría de los casos no deberá de volver a pagar por esas rentas ya declaras en el extranjero, siempre que sean declaradas.

– Si NO eres residente fiscal en España por NO haber permanecido más de 183 días residiendo, deberías de presentar el Impuesto sobre la Renta de no residentes. En dicha declaración sólo se declaran los ingresos obtenidos en España (alquileres, ganancias de capital, imputación de renta por tenencias de bienes inmuebles), y ya anticipamos que el tipo impositivo aplicable para cualquier tipo de renta obtenida (con alguna particularidad para su cálculo), es más reducido que para el caso del Impuesto sobre la Renta de las personas físicas. Sería de aplicación la ley del impuesto sobre la renta de no residentes, además de los respectivos convenios de doble imposición.

Muchos extranjeros (no residentes) disponen de una vivienda (o varias en España). Pues bien, tanto si dichas viviendas están arrendadas, como si no lo están, los no residentes deben presentar el impuesto sobre la renta de no residentes con origen en la titularidad de dichas viviendas o inmuebles. En el primero caso por ser ingresos de alquiler, en el segundo caso en concepto de imputación de rentas inmobiliarias (la hacienda española considera que existe un ingreso por alquiler – imputación de renta inmobiliaria que se valora en el 2% o 1,1%,  sobre el valor catastral de los referidos inmuebles)

IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO EN ESPAÑA

Es un impuesto que grava “la riqueza” de las personas, y se aplica sobre la titularidad de bienes y derechos que posea el contribuyente.

Si eres residentes en España, deberás declarar todos los bienes y derechos que se posean a nivel mundial, si no eres residente en España sólo tienen que declarar los bienes que disponga en territorio español.

Este impuesto es bastante peculiar, porque existen comunidades autónomas como Madrid donde no se paga este impuesto, pero ya anticipamos que existe y es de aplicación real en la mayoría de las comunidades autónomas, como el caso de Andalucía.

No todo el mundo debe presentar este impuesto, pues es de aplicación una bonificación de 700.000€ a nivel global, + una bonificación de 300.000 aplicable al valor de la vivienda habitual en España (en este último caso debes ser residente en España).

Existen formas para reducir el pago de este impuesto, Fiscalex Asesores Fiscales y Legales es una firma de abogados y economistas ubicada en Marbella, Málaga, Costa del Sol, expertos en planificación fiscal tributaria, que podrá informarle de las vías para reducir el pago de impuestos.

IMPUESTO DE SUCESIONES Y DONACIONES EN ESPAÑA

Es otro de los impuestos principales a tener en cuenta, ya sea por el fallecimiento de una persona, ya sea por la donación de bienes inmuebles.

Una de las principales novedades que se han incorporado a la normativa española, es la posibilidad de que los no residentes puedan aplicar las bonificaciones que pueden aplicar los ciudadanos españoles residentes en determinadas comunidades autónomas.

Es un impuesto que prácticamente se ha suprimido en Andalucía, al igual que en otras comunidades como en Andalucía, no obstante por su peculiaridad, aconsejamos que acudan a un experto asesor fiscal para recibir asesoramiento adecuado, a los efectos de evitar el pago de este impuesto, o al menos llevar a cabo gestiones de planificación fiscal para reducir su pago.

Fiscalex Asesores Fiscales y Legales es una firma de abogados y economistas ubicada en Marbella, experto en planificación fiscal tributaria, que podrá asesorarle en la forma de llevar a cabo las liquidación de la herencia, o bien proyectar una planificación fiscal optimizada para reducir el  pago de impuestos.

IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES.

Es un impuesto de ámbito local, que se paga a los ayuntamientos, por la mera tenencia de bienes inmuebles en el pueblo o ciudad. Todos los ciudadanos, sea residentes o no, deben abonarlo.

Existen otros impuestos, pero creo que ya me he extendido demasiado en este artículo, y no es deseo de aburrir o asustar a los extranjeros que pretender venir a España

Gustavo Adolfo Murillo González.

Abogado y Economista.

ISD HERENCIA NO COMUNITARIOS BENEFICIOS FISCALES – NOVEDADES 2019

Al parecer, cualquier extranjero, sea cual sea su residencia extranjera, podrá tendrá los mismos derechos que los ciudadanos comunitarios a los efectos del IMPUESTO SOBRE SUCESIONES Y DONACIONES, no porque lo diga la ley, sino porque lo dice la Jurisprudencia, y en éste último caso, la dirección general de tributos.

Dejando al margen la inseguridad jurídica de que las normas sean interpretadas por los operadores jurídicos a su antojo, hablamos de un buena noticia, que beneficiaría especialmente a los ciudadanos británicos, dado que su país saldrá pre visiblemente de la UE, por le Brexit.

Las sentencias del Tribunal Supremo de 19 de febrero de 2018, 21 de marzo de 2018 y 22 de marzo de 2018, acogen el pronunciamiento de la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE de 3 de septiembre de 2014 (asunto C-127/12), que considera que la normativa de un Estado miembro provocará una restricción a la libre circulación de capitales si la aplicación de una reducción en la base imponible de la sucesión depende del lugar de residencia del causante o del causahabiente. Considera el Tribunal que se vulnera la normativa de la UE si, por la aplicación de tales circunstancias, se genera una mayor carga impositiva respecto a las situaciones en las que intervengan únicamente residentes.

En base a dicha jurisprudencia la DGT, en consulta V3151-18, ha resuelto lo siguiente: “En consecuencia, no ha de tenerse en cuenta la exclusión de los países terceros ajenos al EEE en relación con el ámbito de aplicación de la disposición adicional segunda de la Ley 19/1987, de 18 de diciembre, del Impuesto de Sucesiones y Donaciones. Por lo tanto, el régimen regulado en dicha disposición adicional resultará aplicable en relación con todos los no residentes, con independencia de que residan en un Estado miembro de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo o en un país tercero”.

En consecuencia, en la liquidación del Impuesto sobre Sucesiones en aquellos casos en los que los beneficiarios sean residentes en países fuera de la UE, se podrán aplicar los mismos beneficios fiscales que prevé la disposición adicional segunda de la ley 29/1987 en su redacción dada por la ley 26/2014. Esta modificación extendió los beneficios aplicables a los residentes en una de las autonomías a los residentes de cualquier país de la UE pero excluyó, sin motivo alguno, a los residentes extracomunitarios.

 

El asesoramiento fiscal y el día de la “marmota”

Ya estamos a punto de cerrar el año 2018, y el balance que hago de este año podría resumirse en una frase, “esto es el día de la marmota”, todo sigue igual”. Y por qué digo lo anterior, la respuesta es bastante simple, el contribuyente ya no dispone de ninguna “ventaja” frente a la “todo poderosa” Agencia Estatal de la Administración Tributaria, cada vez se le exige más al contribuyente, y cada vez es más difícil para ellos (también para los asesores), argumentar en defensa de sus intereses, que la actuación administrativa es “dolosa”, por no decir, otra cosa… ya no le es de aplicación práctica al contribuyente, la existencia de la “presunción de inocencia”..

Si la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, centra su mirada hacia un contribuyente, !pena penita pena, pena de mi corazón!, la probabilidad de que acabe sufriendo una liquidación tributaria, es mucho mayor que hace unos años, no más por disponer de más razón ahora que antaño, sino por una cuestión económica, más recaudará la AEAT, mayor será el complemento de productividad que perciban “sus funcionarios”, y mayor será la recaudación del Estado, asfixiada los últimos años por el endeudamiento financiero excesivo que sufre desde hace años.

El principal “azote”  de los contribuyentes, es la inseguridad jurídica existente en la aplicación de las normas tributaria. La normativa fiscal y tributaria, suele redactarse en unos términos “gramaticales” susceptibles de ser interpretada, lo cual va en perjuicio de los contribuyentes (y de los asesores) que tienen la obligación de cumplirla, y en beneficio de aquellos que deben aplicarla, por cuanto siempre podrán encontrar (éstos últimos) alguna excusa “interpretable” para tratar de llevar la razón a la hora de “castigar” al contribuyente. Si una norma dice que algo es “gris”, y en la práctica no existe ese tono de color, sino sólo define “el blanco” o “el negro”, pues quien interpreta el “gris” puede utilizar ambas tonalidades según la convivencia del caso concreto, y eso es una realidad.

Cuando un cliente nos pregunta cuál es el régimen fiscal de una operación “con contenido económico” susceptible de ser gravada con algún impuesto, nunca acudo (como asesor) a la ley (COMO PRIMERA OPCIÓN), que debería ser lo habitual, sino que suelo acudir a la interpretación que la dirección general de tributos hace de un supuesto “similar”, a través de las Consultas tributarias vinculantes, o no, y en virtud de ello, doy una respuesta.

Y así están las cosas, en función de lo que la AEAT interpreta de la ley, yo informo al contribuyente, aún en aquellos casos en los cuales estoy en desacuerdo con esa interpretación, porque claro, los asesores fiscales debemos de tener en cuenta, que los clientes que reciben nuestro asesoramiento, podrían emprender “acciones legales de responsabilidad” contra nosotros, para el caso de que entiendan que no han recibido un asesoramiento fiscal adecuado. Por ello utilizamos el “escudo” de asesorar a los clientes, en función de lo que la Agencia Tributaria considera adecuado, porque en caso de que optemos por no actuar así, pobre de nosotros….

Bajo mi punto de vista, los asesores fiscales estamos “coaccionados” por la ley, por el cliente, y por la Agencia Tributaria, y entiendo que en un futuro, quizás no muy lejano, llegará un punto en que la función de los asesores fiscales, será sustituida por una asesoría central de contribuyentes, dirigida por la Agencia Tributaria, que será la encargada de confeccionar la contabilidad y los impuestos de los contribuyentes, si no al tiempo, espero al menos haberme jubilado por entonces…

Seguro que algún lector pensará que la función del asesor fiscal va más allá de ser un mero “títere” “aplicador” de la interpretación que la Agencia Tributaria realiza de la normativa fiscal, transformándose en un “defensor” a ultranza de la “LEY” y de la interpretación personal que uno tiene de la misma, a lo cual debo responder, que SI, por supuesto, SOMOS DEFENSORES, pero estamos limitados a realizar tal función, en el ámbito de las reclamaciones económico administrativas, o contencioso administrativas, momento en el cuál el contribuyente ha debido pagar la liquidación que la Agencia Tributaria le ha girado previamente, y pasarán años, hasta ser notificado de una resolución, que, o bien puede darnos la razón, o no, porque una cosa debemos de tener presente, y es que los Tribunales, con el paso de los años, se han “empapado” de una corriente doctrinal que tiende a favorecer la recaudación del estado, en busca del “interés general”. Una prueba práctica de este razonamiento podríamos encontrarlo en “sorpresas” que han llamado mucho la atención como las sentencias contra “clausula suelo” y “ devolución pago impuesto hipotecas”, todo ello por cuanto lo “anormal” es lograr resoluciones que perjudiquen la recaudación del estado.

Y hasta aquí mi resumen del año 2018, que podría ser la que hubiera realizado del año 2017 y anterior.

Feliz año, y como diría aquel, santa rita, rita, que me quede como estoy para el año 2019, y que la cosa no vaya a peores.

¿Quién tributa en Renta por los saldos de las cuentas de depósito que figuran a nombre de varias personas?

Consulta DGT V2418-18, de 10 Sep

Cuando un depósito bancario lo es en favor de dos titulares, pero el dinero depositado en él solo es propiedad de uno de ellos, rige lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y la renta se entiende obtenida en función del origen del capital.

Consulta Vinculante V2418-18, de 10 de Septiembre de 2018 de la SG de Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas 

Cuando un depósito bancario lo es en favor de dos titulares, pero el dinero depositado en él solo es propiedad de uno de ellos, rige lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley de I.R.P.F y la renta se entiende obtenida en función del origen del capital.

Regula también el precepto las reglas de individualización de los rendimientos del capital, y dispone que se deben atribuir a los contribuyentes que sean titulares de los elementos patrimoniales, bienes o derechos, de que provengan dichos rendimientos según las normas sobre titularidad jurídica aplicables en cada caso, y en el caso, resulta fácil porque aunque en principio la titularidad de un determinado contrato de depósito bancario comporta en principio la propiedad del dinero en él depositado, puede el consultante acreditar que el origen de los fondos es privativo.

Sobre la titularidad de los saldos de las cuentas de depósito que figuran a nombre de varias personas de forma indistinta se ha manifestado con reiteración el Supremo entendiendo que solo la mera cotitularidad del depósito no obsta a que los fondos sean solo de uno de sus titulares porque la titularidad solo implica que cualquiera de los titulares tiene, frente al banco depositario, facultades dispositivas del saldo, pero la titularidad sobre los fondos viene determinada únicamente por las relaciones internas entre ambos titulares y, más concretamente, por la originaria pertenencia de los fondos.

Todo lo anterior se traduce en el supuesto cuestionado en que los rendimientos del capital mobiliario que pudiera producir el depósito bancario deben ser atribuidos a quien ostente su titularidad dominical y ello con independencia de quien figure como titular formal en los registros bancarios, siendo al consultante a quien compete acreditar que la propiedad del importe depositado le corresponde únicamente a él.